La Policía, talón de Aquiles del nuevo esquema de justicia en México
Martín conversaba con su amigo en un mercado, sosteniendo una cerveza en la mano. Un par de policías intentaron arrestarlos por beber en la vía pública, aunque el envase estaba cerrado. Discutieron con los oficiales por la arbitrariedad y éstos los amenazaron con llevarlos al Ministerio Público, además de acusarlos de agresión a la autoridad y posesión de drogas, a menos que les pagaran 20.000 pesos (unos 1.050 dólares). Martín y su amigo no cedieron a la extorsión y pidieron que se procediera conforme a la ley, "allá les van a pedir 50.000, mejor evítate la pena", respondieron los elementos. Al final fueron liberados, al no haber cedido ante el chantaje.
"Eso no está atendido en la reforma, no hay mecanismos. El ciudadano tendría que tener una forma efectiva de denunciar a la policía y no morir en el intento, y que los policías que son obligados a detener personas indebidamente pudieran denunciar a sus superiores", señala Layda Negrete, investigadora de la organización México Evalúa.La experiencia de ingresar a un ministerio público en México es tan tortuosa, que muchos no dudan en hacer cualquier cosa para evitarlo. La Policía y los agentes ministeriales lo saben, por lo que frecuentemente aprovechan la vulnerabilidad de un acusado y de una víctima para extorsionarlos, pidiéndoles grandes cantidades de dinero para dejarlos en libertad. El nuevo sistema de justicia penal pretende combatir los vicios del aparato judicial, pero según los expertos, su debilidad es precisamente el primer eslabón de la cadena: el policía.
El policía es el primer contacto que la ciudadanía tiene con el sistema judicial, ya sea que alguien lo acusa de un delito o que él acusa a otro. Por ello, los expertos advierten que es la figura más importante de toda la cadena, ya que de él depende el ingreso de la persona a un Ministerio público y por cuáles faltas será juzgada. Sin embargo, los cuerpos policiacos son una de las figuras más contaminadas por la corrupción, según estudios del Instituto de Geografía, la Universidad Nacional y organizaciones civiles.
Incluso con el nuevo sistema penal [que entró en vigor en todo el país este sábado] no hay mecanismos suficientes para controlar la extorsión policíaca, ya que las denuncias por un intento de extorsión se deben presentar ante el órgano interno de la misma policía o ministerio público, lo que resta imparcialidad a la denuncia, dijo Alonso González, experto en sistema penal acusatorio y miembro de la Red de Juicios Orales.
Por su parte, el titular de la Unidad de la Fiscalía para la implementación del nuevo sistema penal, Rommel Moreno, asegura que la corrupción policíaca será disminuida con la nueva figura de juez de control, que determinará, desde un principio, si la detención de una persona fue legal o no, antes de pasar a un juicio. Sin embargo, este juez no conocerá a las personas que cometan un delito pero hayan sido liberadas por un policía que recibió dinero.
"Seguimos en el déficit, en la falta de capacitación, los que se han capacitado todavía no tienen las competencias. Porque sí aprobaron un proceso de capacitación pero éste estaba calculado para 400 horas y se redujeron a 130 aproximadamente, para poder cumplir con la meta", advierte María Novoa, directora de Investigación de Justicia en CIDAC.El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) ha advertido de la insuficiencia de elementos policíacos en todos los Estados del país, así como de la poca capacitación que reciben para hacer su trabajo. El Gobierno asegura que cumplió con los requerimientos de capacitación para el nuevo sistema penal, pero los investigadores aseguran que esa meta fue lograda gracias a que se redujeron los requisitos.
La experta asegura que en sus visitas a las fiscalías, CIDAC ha detectado que las víctimas reciben, desde que llegan, un formato para que desista de pedir un asesor victimal porque hay un importante déficit de esta nueva figura del sistema acusatorio. "Son los vicios que ya se están dando", señala Novoa.
El balance de la investigadora sobre el nuevo sistema de justicia es que tiene muchas bondades pero la policía es el gran pendiente. Mencionó un dato preliminar de sus investigaciones: el 70% de los detenidos son liberados por los policías porque no quieren iniciar un proceso, prefieren "negociar" con el inculpado. "Aplican el 'mecanismo alternativo' pero eso es impunidad. Ya estamos muy deslegitimados y esto va a afectar al sistema acusatorio", puntualizó.
Por ello, las investigadoras advierten que la corrupción policíaca será el talón de Aquiles del nuevo sistema penal. "¿De qué te sirve tener un proceso transparente, público, oral, con juez, si las entradas al sistema están totalmente viciadas? Esa es la prueba de fuego para el sistema de justicia mexicano que es increíblemente corrupto", concluyó Layda Negrete
EP
