Considerando que la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, vigilancia y defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Considerando que el Estado venezolano propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, la democracia, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Considerando que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Considerando que el artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz.
Considerando que los únicos mecanismos establecidos constitucionalmente para la sustitución del Jefe del Estado son las elecciones presidenciales que se realizan cada seis años.
Considerando que la Constitución prevé además que todos los cargos de elección popular son revocables, cumplidos los requisitos constitucionales y una vez que se haya cumplido la mitad del periodo para el que cada uno fue electo.
Considerando, además, que no es posible la garantía de los derechos humanos en el marco de regímenes de excepción, de facto o producto del rompimiento del hilo constitucional.
La Defensoría del Pueblo:
Rechaza todo intento de violentar los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya sea sobre la base del desconocimiento de las autoridades legítimamente electas, bajo la forma de acciones violentas destinadas a forzar la separación de estas autoridades de sus cargos, o la imposición de autoridades por la vía del golpe de Estado.
Llama la atención sobre la semejanza entre el llamado a un Acuerdo Nacional para la Transición y el denominado Pacto de Gobernabilidad firmado el 5 de marzo de 2002 por Fedecámaras, la CTV y avalado por la Conferencia Episcopal Venezolana, el cual sirvió como preámbulo del golpe de Estado que se llevó a cabo el 11 de abril de ese año.Rechaza, por inconstitucional, el llamado a acuerdos de transición que ocultan bajo el manto de un lenguaje de supuesto consenso el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, de la soberanía popular y de la voluntad de la mayoría de habitantes de la República; así como el rompimiento del hilo constitucional y la imposición de medidas políticas y económicas no consultadas ni acordadas por ninguna autoridad democráticamente electa.
Por este motivo, reafirma su respaldo al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como Jefe del Estado venezolano ante el intento de golpe de Estado develado en días pasados y ante cualquier otra acción que pretenda llevar a los venezolanos a nuevos escenarios de violencia y derramamiento de sangre como los vividos en el pasado.
Reafirma también su llamado a la paz y al respecto de los caminos democráticos para la solución de las disputas políticas que surgen en el escenario de una democracia de alta intensidad como la venezolana.
Expresa que es incomprensible que en una sociedad democrática como la venezolana, con un debate político intenso y participación abierta de todos sus actores, con espacios ganados en territorios del país por parte de distintos factores opositores, aún se pretenda acceder al poder por vías ajenas al camino constitucional.
Por último, rechaza la permanente injerencia de gobiernos extranjerosen los asuntos internos de nuestro país, en especial, las insistentes declaraciones de voceros y autoridades estadounidenses, así como las sanciones a funcionarios venezolanos, que violan el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, y que alientan a los factores violentos y antidemocráticos que actúan en nuestro país.
20 de febrero de 2015
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela
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