Las encuestas que miden la opinión pública muestran que la inseguridad no es ya la mayor preocupación de los costarricenses y los índices de criminalidad muestran una leve mejoría en los últimos dos años en el país menos inseguro de Centroamérica, pese a recientes evidencias de operaciones más complejas de redes narcotraficantes. Ha entrado en pausa la alarma social generada en la última década y los candidatos presidenciales de la campaña electoral en curso apenas mencionan la seguridad en sus prioridades. Esto ya es un logro que incluso los críticos reconocen al Gobierno de
Laura Chinchilla, a pesar de su alta impopularidad. Mario Zamora Cordero (1969) es la cabeza del Ministerio de Seguridad y asegura que para este país carente de ejército, la mayor fuerza está en la solidez del sistema judicial. Lo demás, son solo ajustes en el trabajo policial con los recursos aún limitados y con las cárceles repletas.
P. ¿Es sostenible esa mejoría de los índices de criminalidad y en la percepción popular?
R. Lo seguro es que después de ser la seguridad el principal tema en las últimas dos elecciones, podemos ahora decir que ese es el tema más ausente. Lo más notorio es lo que ha dejado de verse. Las encuestas ubican el problema de seguridad pública en lugares secundarios, lo cual es muy raro siendo Centroamérica la zona más violenta del mundo.
P. ¿Cómo se puede explicar esto para un país sin ejército y que sigue lamentando la insuficiencia de recursos para encarar la criminalidad?
R. El primer factor es la interrelación entre policía y Justicia, que ha permitido asentar la lucha contra la criminalidad regida por el Estado de Derecho; por eso los narcotraficantes en
Costa Rica invierten más en abogados que en armas. Hay seguridad plena de que cada delincuente detenido no será sometido a tortura ni tratos degradantes y que siempre será presentado ante un juez de la República. Normalmente en otros países los alijos de cocaína van rodeados de guardias armados dispuestos a darse de balazos contra policías, pero en el caso costarricense lo que observamos es que, tras una detención, las personas permanecen tranquilas porque es inevitable el proceso judicializado.
P. ¿Cómo puede medir la inversión en abogados o en armas de los grupos traficantes?
R. Bueno, la prueba es que somos el único país de la región que no hemos sufrido un atentado contra uno solo de nuestros policías, nuestros jefes o autoridades políticas. La lucha contra la narcoactividad no se ha convertido en un enfrentamiento armado. Es un enfrentamiento jurídico en la que llevamos una ventaja táctica: el 95% de los casos que la Policía de Control de Drogas (PCD) lleva a los Tribunales termina en sentencias condenatorias.
P. ¿Y cree que esto beneficia a la percepción sobre el crimen común?
R. Esto es otro factor. Hace cuatro años se establecieron los tribunales de flagrancia, inspirados en el modelo español de justicia rápida y ultrarrápida, y han permitido a la Policía detener e inmediatamente poner al capturado a disposición judicial, junto con la víctima y los testigos. Esto ha supuesto una enorme transformación en la operación del sistema judicial, porque antes solo lográbamos sentencias entre el 2% y 3%. Es decir, había un 97% de inmunidad. Ahora es distinto. No es lo mismo ir a un juicio 24 horas después de un asalto que dos años y medios después. Ahora con los tribunales de flagrancia el tiempo máximo de resolución son 15 días. En estos tribunales de flagrancia logramos el 90% de condenas en los casos presentados por Fuerza Pública, aunque no todas sean carcelarias.
P. Debería entonces haber también una mejoría en las capacidades de la Fuerza Pública.
R. Eso es adicional. Hicimos una reforma institucional. Aumentamos de 6 a 10 meses el curso básico de policía y saben hacer mejor un parte policial o manejar una evidencia. Hemos invertido en indumentaria para lograr dar al 100% de los policías un chaleco antibalas, por ejemplo. Además ordenamos la casa, pues había 92 clases de puestos policiales, con una administración muy compleja. Ahora hay seis puestos posibles, en el que el más bajo gana 426.000 colones (850 dólares), el salario más alto en toda la región. Ahora la cadena de mando es más directa.
P. ¿Cambiaron también las estrategias?
R. Es otra. Nos estábamos equivocando porque ubicábamos más policías donde más lo demandaba la población, pero los criminales no necesariamente coincide con los lugares de mayor percepción de inseguridad. Hicimos mapas de criminalidad con base en los mapas de la Policía Judicial sobre asaltos robos o violaciones. Establecimos zonas de incidencia con rangos horarios.
P. Parece muy básico para que no se hubiera hecho antes…
R. Pero ya lo estamos haciendo, con un agregado en tecnología. Estábamos usando frecuencias de radio abiertas que cualquier podía interceptar; ahora tenemos un sistema encriptado. Tenemos mejor equipo para vigilar fronteras de noche y estamos creando la infraestructura tecnológica para manejar estos mapas que comentaba. Tenemos un software donado por Estados Unidos que nos ofrece el reporte de cómo colocar los recursos en las calles. Esto nos permite hacer patrullaje preventivo en las zonas más conflictivas y disponer recurso para reaccionar ante los hechos criminales con un máximo de 15 minutos después.
P. ¿Está respondiendo a la alta percepción de inseguridad o a la alta inseguridad que se topó en el 2012?
R. Ninguna de las dos cosas. Nuestra meta es desarrollar las capacidades y potestades legales de la Policía, algo que no estaba completado.
P. Ya no se quejan de la falta de recursos para Seguridad. ¿Son suficientes?
R. Aumentó un poco el presupuesto, pero sobre todo se mejoró el uso interno de los recursos. En el 2012 el presupuesto fue de 175.000 millones y en el 2013 pasó a 200.000 millones y vamos a cerrar este año con una ejecución intensa de casi 94%. En el pasado se ejecutaba solo el 70%
P. Usted habla solo del presupuesto del Ministerio de Seguridad y dice que va bien, pero el Ministerio de Justicia no tiene más cárceles ya. Vea que hace dos meses intentaron sacar reos con condenas pendientes.
R. Sí, pero hay un préstamo de 167 millones para que Justicia responda con esta tarea.
P. Eso no es una solución de corto plazo. De momento sigue ocurriendo que se detiene al criminal, se le condena y luego no hay dónde instalarlo.
R. Hay un mal sabor de boca. Somos uno de los países con más tecnología en el continente, pero hemos sido incapaces de instaurar el uso del brazalete electrónico, una de las medidas más justas para poder controlar a una persona sin llevar a esa persona a generar hacinamiento carcelario mientras espera su juicio. Hay soluciones sobre la mesa e infraestructura posible, pero no lo hemos hecho. Espero que esta crisis carcelaria abra la mente en Adaptación Social (entidad a cargo de las cárceles, adscrita al Ministerio de Justicia).
P. ¿Usted no ve la solución en crear más cárceles?
R. Lo más idóneo es buscar alternativas para manejar esa población. Es lo más idóneo, sobre todo porque la cárcel debe quedar solo para el segmento de alta violencia social con problemas de convivencia, que requieren un tratamiento de reclusión.
P. ¿En el modelo de cuál país piensa cuando propone estas opciones alternativas?
R. En España, pensaría yo. Lo vi en la cárcel de Topas, en Salamanca. Es creer en la posibilidad de la reparación social. Aquí vemos a los presos viviendo en barracas, pero nadie dice que una pena debe cumplirse en comunidad. Ahí se cierran las puertas a las seis de la tarde, se hace la ley del silencio y se vuelve a abrir a las seis de la mañana y nadie sabe lo que pasó en esa noche en la cárcel. Eso es poner a los privados de libertad a ser extorsionados por otros en un ambiente en que el Estado no interviene.
P. Estamos hablando de momentos en que en la cárcel mandan los propios criminales y no las autoridades.
R. Se les encierra y se les deja en la noche sin ningún control. Las celdas no deberían ser de más de cuatro personas. No se puede permitir que en la cárcel surjan líderes criminales. Esto aumenta la posibilidad de amotinamientos, de violaciones y todo tipo de cosas. Nuestra arquitectura carcelaria genera condiciones para que los reos se autogobiernen y ejecuten prácticas no controladas.
P. Volviendo al tema del narcotráfico, son para ustedes igual de sorprendentes los recientes hallazgos en infraestructura usada por aparentes grupos del narcotráfico. Casas nuevas, helipuertos en la selva, calles en la montaña, campamentos…
R. Entiendo que los ciudadanos sientan que aumenta esa actividad criminal con el tráfico de drogas, pero desde el punto de vista policial la lectura es invertida: cada vez estamos siendo más eficientes porque hemos hallado todo esto como producto de acciones policiales. No han sido casualidades.
P. ¿Cómo se puede probar que no es mayor ahora el paso de droga por el país?
R. Cuando estuve con otros ministros de Seguridad discutiendo este tema en el Comando Sur, vimos que la principal ruta del gran narcotráfico sale de costas colombianas y venezolanas en dirección al cabo Gracias a Dios, en Honduras, por aire y por mar. Transitan entre 800 y 900 toneladas de cocaína. Ya en Honduras va por tierra por rutas diversas. Escogieron esta ruta porque es la de menos interdicción, la de menos obstáculos. Hace unos años casi no teníamos en Costa Rica vigilancia en el mar Caribe, pero ya eso es diferente, tenemos más bases y buques más rápidos. En este gobierno detuvimos el primer sumergible, en Sixaola (Caribe sur) y detuvimos a sus ocupantes. Hemos incrementado nuestras capacidades y ahora los narcotraficantes saben que pasar por Costa Rica es riesgoso. El último informe de la UNDC dice que se redujo de 900 a 800 toneladas el paso de droga por el corredor centroamericano, lo que hace aumentar el precio de la droga en el mercado de consumo en Estados Unidos.
P. ¿Por eso los métodos más sofisticados para el trasiego?
R. Esto es resultado de mayores capacidades de detección de nuestra parte. Tenemos una Policía de Fronteras capacitada por Estados Unidos en técnicas de patrullaje policial, no militar. Lo que pasa es el que tráfico es como el agua, que fluye por donde no se le esté tapando el paso. Estamos viendo una proliferación de canales con que el narco nos intenta vulnerar. Nosotros no tenemos la mejor inversión en seguridad, pero igual estamos logrando detener y juzgar más traficantes que el resto de países de la región.
P. En otro momento se dijo que no tener Ejército era un problema para conseguir recursos de cooperación. ¿Lo es aún?
R. No, el problema grave nuestro es ser un país de renta media. Eso lo estamos pagando, porque hemos salido de todas las listas de cooperación y se nos está condenando por nuestros éxitos. En este momento estamos a nuestra suerte; lo tenemos claro.
P. No tanto, porque Estados Unidos patrulla mares costarricenses con un convenio de patrullaje conjunto.
R. Ah, sí, la ayuda estadounidense es la más sistemática, además de la ayuda de China para construir una escuela policial y una ayuda de la Unión Europea para los insumos de la administración de esa escuela. No son ayudas menores, pero tampoco llegan a las proporciones en que el narcotráfico incrementa sus capacidades.
P. Hay sectores que aún critican el patrullaje conjunto porque barcos del ejército de Estados Unidos patrullan aguas nacionales.
R. Hay que superar esto. Debemos entender que las nuevas formas de ejercicio de la soberanía es en espacios conjuntos regionales, cooperando con aliados. Si el patrullaje significara imposición de criterios políticos o judiciales, ya el país en su conjunto lo hubiera rechazado. En estos 10 años de funcionamiento lo que hemos visto es solo la detención y puesta a disposición en manos de autoridades costarricenses. Nunca hemos tenido presión de ningún tipo hacia nuestra justicia ni hacia nuestro gobierno.
P. Usted habla de la cooperación, pero también es cierto que Centroamérica no es precisamente una región integrada para combatir el crimen organizado internacional. ¿Sigue siendo un obstáculo?
R. Sí y no. Sí porque los cuadros políticos a cargo de la seguridad tienen una alta rotación, igual que el entrenador de un equipo de fútbol que no da buenas resultados. Sin embargo, en materia de drogas hay policías más estables y hay una comunicación fluida, no suficiente para hacer operaciones conjuntas, pero sí hay un paso de información.
P. Estamos hablando de relacionarse con cuerpos policiales corruptos como los hay en Centroamérica, ¿no?
R. En materia de lucha antidrogas sí hay un entramado que permite la confianza recíproca estrictamente sobre drogas; no puedo decir que sea así para el resto de la información.
P. Hemos visto también en Costa Rica policías detenidos por colaborar con redes criminales.
R. Basta ver periódicos para saber que Costa Rica es el país que más detiene policías. Es muy raro ver en otros países una fotografía de policías deteniendo policías.
P. Eso puede ser una mala noticia.
R. Todo lo contrario. ¿Es mejor saber que algo ocurre o no? Aquí tenemos un sistema mejor blindado contra la corrupción de mandos policiales, porque es un sistema de pesos y contrapesos. No tenemos un solo jefe que mande todo. Tenemos oficiales de Policía Judicial detenidos por Fuerza Pública; oficiales de Tránsito detenidos por la Policía judicial o miembros de esta detenidos por la Policía de Tránsito, o incluso la propia PCD deteniendo a un oficial suyo en el Aeropuerto internacional. No existe aquí la familia policial que se guarda sus secretos. Esto nos diferencia de otros países. Aunque a veces sea un dolor de cabeza coordinar operaciones conjuntas entre cuerpos policiales costarricenses, prefiero eso antes que tener un poder absoluto en la policía.
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