La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Venezuela cuenta con todo el andamiaje legal necesario para atacar la corrupción desde todos los frentes. Lamentó que en décadas pasadas la corrupción alcanzó límites insospechados, capaces de trastocar todo el sistema de gobierno.
Ortega Díaz, quien también es presidenta del Consejo Moral Republicano (CMR), intervino como ponente en el V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.
En su opinión, esa lucha se puede dar mediante la prevención, supervisión, control y fiscalización, y hasta con sanciones de índole civil, disciplinario, administrativo y penal cuando fallen los controles para evitar los hechos contra el patrimonio público.
En relación con el problema de la corrupción desde el punto de vista venezolano, reconoció que el país ha sido testigo y víctima de la corrupción, unas veces presentada como fenómeno político; otras, como fenómeno social y, en algunas ocasiones, de manera malvada e intencional, como un fenómeno cultural, lo que ha sido insinuado por algunos, como inherente o propio de nuestra idiosincrasia, como si se tratara de un estigma de pueblos en vías de desarrollo.
“Se llegó al extremo de tener una Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, donde se permitía el juicio en ausencia. Todo un monumento a la impunidad y al desconocimiento de la garantía del debido proceso; pero, no conforme con ello, se estableció legislativamente un lapso de prescripción de apenas cinco años para todos los delitos previstos en ella”, recordó.
En su criterio, esa inaudita verdad permitió que la corrupción se institucionalizara o constituyera en sí misma un sistema; y bajo ese esquema, ocurrió en el año 1994, una crisis financiera que produjo y arrastró a la quiebra todo el sistema financiero privado.
Por esa razón la funcionaria destacó el trabajo que viene realizando el Estado en esta materia a partir de la promulgación de la Constitución Nacional de 1999, en donde “se eleva el trabajo de los ciudadanos y la participación del pueblo para coadyuvar en la lucha contra la corrupción”.
Ortega Díaz enfatizó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 271, establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, así como la confiscación de los bienes provenientes de dicha actividad, por supuesto, previa decisión judicial.
“La óptica mundial sobre la corrupción ha cambiado”
Durante su discurso, la Fiscal General hizo un análisis sobre el sistema de valores instaurado en gran parte del mundo actual, el cual está enmarcado dentro de una concepción económica predominantemente liberal, que ha conducido, entre otros factores negativos, al aumento de la corrupción.
A su juicio es necesaria la creación de un nuevo sistema de valores donde prevalezcan los principios de ética, solidaridad, justicia y cooperación, para así poder luchar contra la corrupción.
Consideró que no se debe abordar el tema de la corrupción exclusivamente desde la óptica del delito, ya que se incurre en una especie de fragmentación del problema; pues se encara la situación desde el punto de vista de las consecuencias, mas no desde sus causas.
“El fenómeno de la corrupción en nuestras sociedades tiene su origen en la crisis de los fundamentos éticos que, según el sociólogo Edgar Morin, es producida y productora del deterioro acrecentado del tejido social en numerosos dominios, de la degradación de las sociedades tradicionales y la sobrevaloración del dinero, entre otros”, acotó la Fiscal General.
Finalmente presentó un balance sobre los casos procesados por corrupción, que han arrojado 13 acusaciones contra 20 banqueros, directivos y administradores de instituciones bancarias, quienes actualmente se encuentran procesados y privados de libertad; y existen 79 órdenes de captura contra otros que lograron evadirse y, en la actualidad, se encuentran prófugos de la justicia venezolana.
“Otro caso relevante, en el cual se puso de manifiesto la actuación del Ministerio Público para hacer cumplir la ley, y no permitir que se causara un perjuicio al patrimonio público y a la estabilidad del sistema financiero venezolano, fue la intervención de las Casas de Bolsas, lo cual fue atendido igualmente por la Dirección Contra la Corrupción, donde los fiscales que trabajaban los casos acusaron a los responsables de acciones delictivas como comercialización ilícita de divisas, asociación para delinquir, simulación de operaciones bursátiles y legitimación de capitales” indicó.
Con información del Ministerio Público
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