(EFE).- La sanción de Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana (PDVSA) por colaborar con Irán en asuntos energéticos puede convertirse en una gran ayuda política para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en los albores de la campaña electoral para la Presidencia de 2012.
Analistas consultados por Efe consideran que las sanciones anunciadas el martes por la Administración estadounidense tienen un nulo impacto en el aspecto económico y financiero, pero permiten al Gobierno de Chávez beneficiarse en lo político del asunto.
Washington anunció que PDVSA, entre otras empresas del mundo sancionadas por lo mismo, no recibirá financiación estadounidense ni podrá suscribir contratos con el Gobierno en materia petrolera, algo que de hecho ya es inexistente dada la permanente disputa bilateral desde que Chávez asumió el Gobierno, en 1999.
El mismo Gobierno de Barack Obama se ha encargado de aclarar que su sanción no significa que renuncie a los 1,2 millones de barriles de petróleo que compra diariamente a PDVSA, aunque el Gobierno de Chávez ha dicho que eso lo decidirá Caracas y no Washington.
“En medio de una campaña electoral, es favorable a Chávez” que EE.UU. decidiera esta sanción, aunque “obviamente no es un tema diseñado para eso”, dijo el analista y encuestador José Vicente León, al recordar que el asunto llega en momentos en que el gobernante prepara su campaña para mantenerse en el poder hasta 2019.
Cuando Chávez decidió en 2001 visitar a Sadam Husein, el luego ahorcado gobernante de Irak, “más del 50 % de la población venezolana estuvo en contra”, pero cuando fue EE.UU. el que le recomendó no hacerlo, “se tomó como una amenaza” y el respaldo a ese viaje subió “y de 50 en negativo se fue a 70 en positivo”, recordó.
León, director de la encuestadora Datanalisis, consideró también como “obvio” que la mayoría de los actores políticos de la oposición a Chávez rechacen la medida de Estados Unidos, sencillamente “porque no es popular”.
“Es obvio que nadie puede públicamente estar de acuerdo con una sanción contra su país”, que es como se ha tomado el castigo, por sus implicaciones en cuanto a soberanía nacional”, añadió.
Pese al empeño oficialista de endosar a la oposición un respaldo a la decisión de EE.UU. y calificarla por ello de “traidora a la patria”, ésta se desmarcó de ella y la condenó.
El diputado del partido opositor Podemos Ismael García lamentó la actitud “chauvinista” del Gobierno al calificar a los diputados opositores de “apátridas” por no firmar ayer en la Asamblea Nacional un acuerdo para rechazar la sanción estadounidense que implicaba el apoyo a la política exterior del Gobierno.
García rechazó tajantemente las sanciones de EE.UU. y aseguró a Efe que estas son “el mayor favor que (el presidente de EE.UU., Barack) Obama hizo a Chávez”.
“Esto le cae al Gobierno como anillo al dedo y lo va a explotar al máximo, porque le permite distraer la atención de los grandes problemas del país para dedicarse a la confrontación contra el imperialismo”, dijo.
Para el director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra, es “evidente y claramente” verificable que la sanción “favorece al Gobierno”.
No obstante, matizó que por la gravedad de los problemas del país, principalmente los derivados de una elevada inflación, y problemas de producción y productividad por lluvias, entre otras cosas, no durará mucho.
“Esto es una noticia que mañana ya no será tal, porque el país tiene demasiados problemas como para distraerse” con una medida que “no tiene ningún tipo de incidencia económica, aunque el Gobierno, opinó, le sacará provecho “para beneficiarse y efectivamente sacarle partido”.
El académico añadió que el plan de Chávez de comenzar su campaña electoral con una lucha personal contra el déficit de viviendas “puede tener mejor efecto” electoral.
La meta del presidente de Venezuela de acabar en seis años con el déficit de dos millones de casas tiene mayor potencial de cara a los comicios presidenciales de 2012, insistió Guerra en coincidencia con otros analistas.
Chávez ha aludido casi diariamente al asunto desde que en febrero pasado se comprometió “personalmente” a acabar en 2017 con el déficit acumulado que crece en unas 100.000 casas cada año, y que se ha agravado con torrenciales lluvias en los últimos meses.
Por Aldo Rodríguez
