El voraz apetito por poseer “los ansiados billetes verdes” en el país no cesa, hasta el punto que conseguirlos por la vía ilícita se traduce en una “serie de artimañas” aplicadas por ciertas personas, empresas o entes, a los que el Gobierno nacional busca poner un firme freno.
Una de las modalidades que ha tomado auge en “los últimos cuatro meses” es la compra de boletos aéreos hacia las capitales de Quito (Ecuador) y Lima (Perú), con la intención de adquirir el cupo en efectivo, 500 dólares e, incluso, la asignación de hasta $ 3.000 en las tarjetas de créditos; pero el truco está en que los poseedores de esos pasajes no realizan esos viajes, mas sí se quedan con divisas para revenderlas.
Ante las irregularidades, las autoridades de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se reunieron con representantes del sector de líneas aéreas.
“Lamentablemente, pareciera que se está abusando. Los vuelos hacia Quito y Lima están llenos todo el tiempo, pero según sus estadísticas está comprobado que no hay una presentación de pasajeros al aeropuerto de un 30%”, contó a PANORAMA Javier Pont, directivo de Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).
“Esos son los destinos que se están analizando (Perú y Ecuador), porque es allí donde hay mayor problema. Hemos pensado que es porque hacia esos lugares se aprueban los cupos máximos de divisas”, comentó.
En la actualidad, un boleto a Quito llega a costar 18.649 bolívares y para Lima unos Bs. 22.400. Aún así la fuente acotó que “desde hace cuatro meses hay una situación crítica” hacia allí.
Explicó Pont que como parte de las medidas que se han acordado con el Gobierno nacional para frenar esta situación está “evitar que una persona quiera hacer una mala praxis. Así que el usuario tendrá que presentar una declaración jurada ante Cadivi que demuestre que no usó el boleto, porque si no tiene eso, nosotros —como agencia de viajes— no estamos en la obligación de reembolsar el boleto o cambiarlo”.
En las reuniones conjunta con Cadivi y el Banco Central de Venezuela también ha participado la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), cuyo presidente ejecutivo, Humberto Figuera, explicó a este rotativo que están del lado del Gobierno para combatir “el flagelo del delito cambiario”.
Han detectado que la irregularidad consiste en “raspar” las tarjetas de crédito. Para ello, hay quienes compran un pasaje aéreo hacia Europa, Perú o Ecuador, con el fin de que Cadivi les asigne el cupo de 3.000 dólares. Sin embargo, luego no viajan, pero sí entregan su tarjeta a un tercero, quien sí va al extranjero con 20 o 30 tarjetas que son activadas para obtener los dólares a precio oficial. Estos últimos pagan a quienes no viajen por la llamada “venta del cupo”.
El representante de Alav contó que se han encontrado con vuelos en los que se venden los 150 asientos, pero el avión parte con 30, 40 o 90 puestos vacíos.
Como luego se presentan esas personas para pedir reembolso o cambio de pasaje, anunció que a partir de esta semana se pasará esa lista de inasistentes a Cadivi, organismo que se encargará de tomar los correctivos oportunos.
Asimismo, informó que se cruzará la data de pasajeros entre la Alav, aerolíneas, Saime y el aeropuerto, con el propósito de identificar pronto a quiénes estén cometiendo el ilícito cambiario.
Sobre la reunión, el presidente de Cadivi, Eudomar Tovar, en un comunicado dijo que “la finalidad fue evaluar e intercambiar información sobre el estatus de solicitudes de autorización de adquisición de divisas de las aerolíneas nacionales e internacionales”.
Otra de las medidas anunciadas para evitar que las divisas tengan un uso distinto a lo previsto fue la publicada, la semana pasada, por el BCV, ente que recordó a quienes solicitan divisas que “de no realizar su viaje debe —devolver— al banco las divisas en efectivo, es decir, los billetes auténticos (número de serial) que le fueron otorgados”.
Es que desde el año 2003 existe en el país el control de cambio, manejado por Cadivi, instituto que entre 2009 e inicios del 2013 estuvo respaldado por el desaparecido Sitme, y que ahora tiene ayuda en la subasta del Sicad.
A través de Cadivi se aprueban dólares a personas naturales para pagos en divisas con tarjeta de crédito con ocasión de viajes al exterior, entrega de efectivo a viajes al exterior para adultos, niños y adolescentes, pagos de consumos con tarjetas de crédito mediante operaciones electrónicas con proveedores en el extranjero desde el país, actividades académicas en el exterior y las remesas a familiares. Entre los otros previstos para personas jurídicas.
Solo en el 2012, las divisas liquidadas por Cadivi sumaron $33.114,34 millones. De esos $4.645,82 millones se destinaron entre tarjetas de créditos, remesas, efectivo a viajeros y estudiantes.
A pesar de que las autoridades no han determinado a cuánto se eleva la fuga de dólares a través de ilícitos cambiarios, sí han denunciado y reprochado la “venta de cupos”. A lo que representantes de oposición han respondido que la corrupción en este sistema alcanza los 25.000 millones de dólares.
Manuel Barroso, anterior presidente de Cadivi, llegó a denunciar en diciembre pasado que “90 mil personas habían obtenido divisas y no han viajado”.
Ocho meses después siguen las investigaciones por estos ilícitos, llevando a Cadivi, ahora bajo las riendas de Eudomar Tovar, a iniciar un proceso de revisión conjunta con la tarea de desmantelar este aparataje con las carpetas y disminuir el fraude por anulación o forjamiento de boletos.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha identificado y detenido a personas por delitos de “obtención ilícita de divisas en grado de cooperadores inmediatos”, “uso de certificación falsa”, “forjamiento de documento”, o “creación de empresas ficticias para la obtención de divisas a precio preferencial”, tipificadas en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios.
Estos “modus operandi” conocidos popularmente por los venezolanos como la “venta de cupos” o “empresas de maletín” tienen el fin de obtener la divisa al precio de cambio oficial —6,3 bolívares por dólar—. Esto se presenta a pesar de que los culpables de estos delitos pueden ser penados con cárcel entre 3 a siete años y una multa por el doble de la operación cambiaria.
Otra de las irregularidades que ha dado de qué hablar en las últimas semanas son las remesas a familiares, sobre las que e Tovar anunció que “trabajan en nueva providencia para remesas” que saldría esta o la próxima semana.
Este problema involucra a empresas de maletín o ficticias creadas por empresas inescrupulosas que forjan documentos para obtener divisas que se deberían enviar a familiares en el exterior. Tovar indicó que estos delitos se presentan en Táchira, Zulia y Barinas.
Sobre estos casos, el Ministerio Público ha emitido órdenes de captura o imputado por los delitos cambiarios.
informe 21
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