Los pueblos demandan mayor seguridad ciudadana ante el incremento de la violencia que es un problema multicausal y estructural y cuya respuesta más común es la militarización, tal como ha ocurrido en gran parte de los países de América Latina
El crimen organizado no es un fenómeno desconocido en Brasil, donde la seguridad ciudadana descansa en las fuerzas policiales (Policía Civil y Policía Militar) de cada estado.
No obstante, el crimen organizado es cada vez más complejo y existen territorios donde reina la impunidad. Es el caso de las llamadas favelas (barrios), donde el narcotráfico creó importantes bastiones tomando el control por las armas y corrompiendo a las instituciones.
Ante la situación, la capacidad policial se ha visto desbordada y las tomas de las favelas, la recuperación de los territorios para sus habitantes, han debido ejecutarse junto con las fuerzas militares.
Dos casos ilustran esta acción: el control del Complejo del Alemán y la operación Choque de Paz.
En 2010, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope), tropa de élite, junto con el Ejército, penetró en el conjunto de favelas conocida como el Complejo del Alemán, en Río de Janeiro, expulsando a los narcotraficantes que tenían azotada a la población. Algunos perecieron en los enfrentamientos.
En contraste, en 2011, con la operación Choque de Paz, en Rocinha (la favela más conocida de Río de Janeiro), Policía y Ejército lograron desalojar a los narcos sin un disparo.
La estrategia que combina fuerzas policiales y militares en las favelas aún se cumple.
La militarización del estado de Michoacán hace pensar, a propios y extraños, que la política de seguridad y lucha contra el crimen organizado del presidente Enrique Peña Nieto no dista mucho de la implementada por el ex mandatario mexicano Felipe Calderón en 2007.
A medida que la violencia ha persistido en el país, los presidentes mexicanos, desde Ernesto Zedillo (1994-2000) hasta el actual Peña Nieto, han visto cada vez más en la fuerza militar una opción para el restablecimiento de la seguridad.
Sin embargo, el período de mayor violencia pese a la militarización de la lucha contra el narcotráfico se registró en el gobierno de Calderón.
Las críticas han llovido sobre la estrategia implementada. Los muertos se cuentan por decenas de miles y la actividad ilegal no parece verse afectada, ni siquiera por la acción de los militares.
Son particulares en México los crímenes sangrientos cometidos por los carteles de la droga, los asesinatos de trabajadores de la comunicación y las amenazas a los medios.
Ni siquiera el apoyo económico y la asesoría del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, ha significado triunfos en la batalla emprendida por México contra la violencia y el crimen organizado.
Peña Nieto ha asegurado que el resultado de su acción, acompañada de medidas sociales paralelas, se verá dentro de un año.
Datos del plan de Calderón
- Despliegue Cerca de 96 mil efectivos de las Fuerzas Armadas salieron a luchar contra el crimen organizado.
- Seguridad pública Instituciones civiles están bajo mando de militares activos o retirados en 14 estados.
- Tortura Estiman que la estrategia provocó el aumento de los casos en 500%.
- Muertos Cifras de la Secretaría de Defensa en Estados Unidos para 2012 calculaban el número de víctimas fatales en 150 mil.
- Homicidios El índice para 2011 era de 24 por cada 100 mil habitantes.
3) Guatemala| Mano dura, la receta ante la debilidad institucional
El triunfo del general retirado Otto Pérez Molina en las elecciones presidenciales de 2011 se debió, según los analistas, a su promesa de "mano dura" contra la violencia, la delincuencia y el crimen organizado, cada día más comunes en América Latina.
La respuesta al restablecimiento de la seguridad ciudadana, ante los altos índices de homicidios y el reclamo de la población por mayor seguridad, ha sido sacar las fuerzas militares a la calle.
En Guatemala, el narcotráfico y las pandillas son las máximas expresiones de la violencia luego del conflicto interno que desangró al país durante 30 años hasta 1996. También es un factor en el aumento de la violencia la debilidad e, incluso ausencia, de las instituciones, que propician la impunidad.
La estrategia de Pérez Molina ha sido movilizar decenas de brigadas castrenses, desplegar fuerzas policiales y militares en las regiones de mayor conflictividad e incrementar la presencia militar en las zonas fronterizas con México.
El plan es sostener la presencia militar el tiempo "necesario" mientras se cumple la profesionalización y depuración de la Policía Nacional Civil (creada en 1998).
No obstante, la acción militar en Guatemala ha sido constante, ya que fue legalizada a través de un decreto presidencial en 2000 y extendida indefinidamente desde 2001 por el Congreso.
Datos: La estrategia de Pérez
-Despliegue Dos mil efectivos militares apoyan a mil policías.
-Reclamo 140 solicitudes de destacamentos militares por parte de la población.
-Homicidios En 2012, se registraron 37 por cada 100 mil habitantes diariamente.
-Financiamiento 170 millones de dólares para equipamiento en la lucha contra las drogas.
-Factor social 52% de los guatemaltecos son pobres; de ellos, 15% vive en extrema pobreza.
4) Colombia: Gobiernos han puesto énfasis en la represión
Los crímenes en Colombia se dan en un contexto donde el Estado se ha enfrentado a poderosos carteles de la droga, paramilitares, guerrilleros y a fuertes estructuras de bandas criminales (Bacrim).
En los últimos años, las políticas de seguridad han anticipado un trato militar en respuesta a tales amenazas, mientras en paralelo tratan de negociar la pacificación del país, sin que ninguna estrategia haya dado resultados definitivos.
La militarización incluye la presencia de fuerzas armadas en la calle y la dotación de armas de guerra a cuerpos policiales para que enfrenten a delincuentes con poder corruptor, dedicados al narcotráfico.
En la Estrategia contra la Violencia (de César Gaviria, 1990-1994), se fortaleció la capacidad militar del Estado porque si fallaba la negociación, quedaba la vía de la represión.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2002), mientras dialogaba con grupos irregulares, suscribió el Plan Colombia con EEUU, un acuerdo antidrogas que -según sus detractores- busca acabar la insurgencia y en Venezuela se veía como un peligro.
La política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe (2002-2010) estuvo basada en la represión y el crecimiento castrense. Siguiendo con esa política, el actual presidente Juan Manuel Santos prometió combatir sin tregua el narcoterrorismo. Actualmente, negocia un acuerdo de paz con las Farc sin un alto al fuego.
Datos: Políticas de seguridad
-Plan Colombia Entre 2000 y 2007, EEUU destinó 4.900 millones de dólares y 500 soldados para entrenar a fuerzas locales.
-Tasa Ocurren 38 homicidios por cada 100 mil habitantes.
-Seguridad Democrática La Fuerza Pública pasó de contar con 313.406 efectivos en 2002 a tener 431.571 en 2008.
-Resultado Más 740 mil muertos causó la violencia (conflicto y criminalidad) en menos de 10 años.
-Actualidad En 2010, se sumaron 150 mil efectivos a los 500 mil existentes.
5) El Salvador| De la guerra a la tregua con el Ejército en la calle
En marzo de 2012, integrantes de las maras salvadoreñas, enfrentadas durante años, sellaron un acuerdo de tregua que consiste primordialmente en el cese de asesinatos.
En este contexto, los pandilleros han entregado sus armas en plazas públicas y cárceles, ante la presencia de autoridades, miembros de la Iglesia y de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras Ejército y Policía intentan contener la violencia en la calle.
Un año después, los asesinatos descendieron pese al escepticismo de quienes dudan del éxito final de la medida, y critican un supuesto pacto con el Gobierno, negado por el presidente Mauricio Funes, que contemplaría menos homicidios a cambio de mejoras en las cárceles para los líderes pandilleros y el relajamiento de las políticas de seguridad.
La crisis actual se remonta al fin de la guerra civil en 1992, cuando miles de armas de fuego quedaron en poder de los civiles, lo cual propició el surgimiento de pandillas dedicadas a la delincuencia y tráfico de drogas, que hicieron del país (sin guerra) uno de los más violentos del mundo.
Para contener el caos, los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y actualmente de Mauricio Funes, aprobaron: la Ley Antimaras, Ley Mano Dura y Súper Mano Dura, entre otros instrumentos, que implican la persecución y arrestos masivos por parte de las fuerzas de seguridad.
Datos: A la desmovilización
-Oficial Existe 10 mil pandilleros encarcelados y 54 mil en las calles.
-Integrantes 64 mil mareros cometen 90% de los asesinatos en el país.
-Homicidios Con la tregua, la cifra de asesinatos en el país bajó de
14 a cinco diarios según datos
de Naciones Unidas.
-Operativos En el primer año de la tregua, la fuerza pública realizó más de 57 mil capturas y desarticuló unas 300 pandillas.
-Delitos Comerciantes y empresarios siguen siendo el blanco de extorsiones de las maras.
6) Honduras| Acuerdo de maras reaviva la esperanza de tener paz
Honduras asume con esperanza la propuesta de tregua presentada esta semana por líderes "mareros" que durante años han impuesto una ola de terror.
En ese país, el más violento del mundo según la ONU, muchos crímenes se achacan a las principales pandillas, la Mara Salvatrucha y la M-18, cuyos líderes pidieron perdón y acordaron "cero crímenes".
Paralelamente, hay bandas delictivas en las que operan miembros de la Policía Nacional, que mantienen entre la espada y la pared a los administradores de justicia.
El presidente Porfirio Lobo militarizó las ciudades desde que asumió su gobierno, mientras adelanta la depuración policial, pero las autoridades reconocen que no tienen estructuras necesarias para combatir la violencia y los homicidios y 80% quedan impunes.
La criminalidad, luego de 35 años de dictaduras y dominio militar, comenzó en 1994, cuando el presidente Carlos Reina (1994-1998) cerró empresas de las fuerzas armadas, organizó la Policía Nacional fuera del mando del Ejército y eliminó el servicio militar obligatorio. Muchos cuarteles quedaron vacíos y aumentó el pandillerismo y la desocupación.
Durante la gestión de Manuel Zelaya (2005-2009) se registró una tasa de 23,1 homicidios por cada 100 mil habitantes. La respuesta fue desplegar más de 4 mil soldados en las ciudades sin que se produjeran cambios significativos.
Datos: Crisis urbana
- Tegucigalpa Autoridades incrementaron este año de 800 a -2 mil los efectivos militares para brindar protección a los usuarios del transporte urbano en la capital.
-Homicidios La tasa de homicidios es 10 veces superior a la media mundial, y en 2012 ascendió a 85,5 asesinatos anuales por cada 100 mil habitantes.
-Medida En 2011, el Congreso aprobó una reforma para que los militares ejerzan funciones policiales.
-Estudio En 2012 hubo un promedio de 20 muertes por día, de las que 85% fueron por armas de fuego
El primer acuerdo suscrito es un memorandum de entendimiento en materia de cooperación policial, que fue firmado por el Procurador General de Nicaragua, Hernán Estrada y el canciller de la República Bolivariana, Elías Jaua.
