El poder adquisitivo del venezolano ha caído en los
últimos 5 meses. La devaluación hizo que el
salario mínimo –calculado en dólares- pasara a ser uno de los más bajos de América Latina. La oposición venezolana ha propuesto una Ley de aumento salarial que ante la realidad abre la pregunta:
¿Es esta una medida más política que económica?
La presente devaluación generará ingresos adicionales al Gobierno Nacional por encima de los 90.000,00 millones de bolívares, en detrimento del ingreso familiar de nuestros trabajadores, especialmente de aquellos que menos ganan, que tienen que disponer de la totalidad de su salario en satisfacer las necesidades de Alimentación y Medicinas. Es por ello que se hace necesario, que la Asamblea Nacional produzca una Ley de Aumento General de Sueldos y Salarios, que convoque a todos los venezolanos, al Gobierno Nacional, a los trabajadores, y al Sector Productivo para buscar soluciones que permitan revertir el efecto de empobrecimiento, que se origina por la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios del trabajador venezolano.
Sin reuniones con la empresa privada o con el sector público, la oposición asegura que
esta medida de aumento sería una solución ante el problema que enfrenta la
economía venezolana,
cuando el contexto real señala que dicha propuesta es, al menos, incompleta, pues solo resuelve uno de los problemas, mientras que la capacidad productiva de la empresa y la inflación siguen a la deriva.
El populismo puede más que la razón
Según el Proyecto de Ley, tal y como lo establece en su artículo primero, “los sueldos y salarios percibidos por todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado, así como también las jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, serán aumentados a partir del 1º de Marzo del presente año“. Dicho aumento, de entrar en vigencia, se haría a tan solo un mes de una devaluación del 46,5% que llevó el dólar de 4,30 a 6,30; es decir, se estaría haciendo una modificación en la economía de las empresas sin tiempo para que las mismas puedan organizar su presupuesto en base a los nuevos lineamientos macroeconómicos.
El artículo señala además una escala de aumento salarial, que no distingue entre los salarios aumentados en los últimos meses:
a.Desde Un (01) salario mínimo hasta Dos (02) salarios mínimos mensuales, en un Cuarenta y Cinco por ciento (45%).
b.Desde más de Dos (02) salarios mínimos hasta Cuatro (04) salarios mínimos, recibirá un aumento del Treinta por ciento (30%).
c.Salarios mayores a Cuatro (04) salarios mínimos, recibirán un aumento del Veinte y Cinco por ciento (25%)
d.Las jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, recibirán un aumento del Cuarenta y Cinco por ciento (45%).
El aumento que va de entre un 25% a un 45%, se aplicaría para todos los trabajadores sin excepción, como una forma para equiparar el poder adquisitivo. El pasado 22 de febrero, el diputado Alfonso Marquina, uno de los autores de la Ley, explicó que el sueldo mínimo debe llegar al menos a
3 mil bolívares, pues “en estos 14 años solo se ha aumentado el sueldo de los venezolanos en 1.700%”, lo que considera insuficiente ante el incremento de algunos productos de la cesta básica que, según sus palabras, han superado el 4.000%.
Sin embargo, para Henkel García, director de Econométrica, “esta medida es sumamente populista”, pues no toma en cuenta la productividad de la empresa: “A medida que aumenten los salarios y estos no estén acordes con la productividad, ese aumento es sumamente inflacionario (…) en términos reales no se recuperaría”.
Para el experto en economía, “la oposición está equivocada”, pues para que el salario suba en términos reales debe aumentar la productividad. “Hay que estructurar una estrategia para no equiparar, sino para que se vaya disminuyendo la inflación” y esto solo puede hacerse involucrando a los principales sectores de la economía.
Según datos del INE para el mes de diciembre, cerca de un 80% de la población ocupada es manejada por la empresa privada -un 79,6% para ser exactos-. García explicó que este aumento de salario solo incrementaría la presión sobre los precios, lo que haría que aumente la inflación, pues la empresa debe cubrir a principios de año y sin tenerlo calculado en su presupuesto anual, un aumento del 25% -como mínimo-, junto a la reestructuración de los precios de los productos, que además está supeditado, muchas veces, a la Ley de Costos.
No se consultó con el sector productivo
Resulta al menos extraño que la propuesta de la bancada opositora no haya sido consultada antes de exponerla con el sector productivo. En exclusiva para Noticias24, el diputado Marquina reiteró la necesidad de aumento del salario y aseguró que si la empresa privada está afectada en su capacidad no es precisamente por el salario.
“Mira, las empresas privadas están afectadas no precisamente por el salario de los trabajadores, al contrario, Venezuela tiene los salarios más bajos de América Latina”, explicó el Parlamentario. “Las empresas privadas están afectadas por esa política de expropiación, confiscación, de distorsión de la economía venezolana que ha llevado al país a esta situación”. Pero es justamente el tema de la inflación uno de los principales problemas que afecta tanto al trabajador de la empresa privada o pública, como a la empresa y la capacidad de compra.
Para el economista José Ramón Acosta, esta propuesta no es la solución, pero sería un “pañito caliente” para la situación, manteniendo la misma lógica “ilógica”.
“Las empresas no pueden hacer nada para blindarse. ¿Qué haría la empresa?, no contratar a nadie y cerrar. ¿De dónde sacaría la empresa ese 25%, 30% o 45%? En algún momento lo reflejaría en los costos o en la ganancia”, continuó. “Con esta medida sólo estás protegiendo el salario de los empleados y reduces la posibilidad de nuevos puestos laborales”.
Efectivamente, esta propuesta solo protege al llamado débil jurídico, pero este depende de la productividad de la empresa para poder continuar generando un mayor ingreso a su bolsillo. No hay empresa que no produzca y pueda aumentar de un día para otro un porcentaje tan alto. Claro, el trabajador sufre las consecuencias de las medidas económicas incompletas, pero el discurso del aumento salarial queda vacío a un futuro, cuando la inflación cierre en más de un 20% -como pasó en el año 2012- y entonces el primer aumento quede obsoleto.
“La AN es el mejor escenario para que todos los sectores de la vida nacional llámese Gobierno Nacional , sector productivo, empresarios , los trabajadores y sus sindicatos, nos sentemos para buscar salidas y acuerdos que permitan sobrellevar esta difícil situación que se produce a raíz de la
devaluación del paquete rojo, del paquete más duro”, dijo Marquina durante la entrevista. Pero discutir una base de Ley sin consultar al sector que ocupa a la mayor parte de la población, parece no augurar un buen resultado.
La lógica detrás de esta Ley, según Alfonso Marquina es la siguiente:
“Tienes que entender que si los venezolanos no tienen poder adquisitivo no hay demanda y sino hay demanda no hay consumo y no tiene ningún sentido que las empresas sigan produciendo , por eso insisto la discusión de la ley de un aumento de sueldo general tiene que ser una discusión en conjunto con el Gobierno nacional , sector productivo y los trabajadores que en este caso son precisamente quienes no tienen quien lo defienda”
Lo que deja de lado este análisis, es lo que la empresa tiene que resolver para lograr una productividad que no solo cubra la demanda, sino que además deje ganancia para el productor. Es decir, en menos de dos meses la empresa debe hacer frente a una reestructuración de costos, que coincida con el techo fijado por la Ley de Costos y Precios, mientras que el nuevo “stock” debe adquirirse a 6,30, sin tiempo para poder crear el colchón suficiente para adquirirlo. Esta situación, ha generado una realidad de acaparamiento y escasez que está hoy en el debate nacional.
El costo para la empresa con esta Ley
Según un artículo publicado por el diario
La Verdad, el economista Edinson Morales afirmó que “en Venezuela 70 por ciento de los bienes que se comercializan son importados, mientras que 30 por ciento son nacionales hechos con insumos extranjeros, por lo que la tasa cambiaria es determinante para la fijación de montos de venta”. Morales agrega que
“otros efectos de la devaluación serán las caídas del consumo interno y las inversiones privadas, por lo que difícilmente habrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
“Durante este año 2013 se podría presentar una estanflación, que incluso se podría extender hasta 2014, si el Gobierno no toma medidas en materia fiscal y monetaria, si no reorganiza los ingresos y los gastos”. En base a este análisis del economista, se confirma que iniciando el año la empresa debe enfrentarse a nuevos cambios presupuestarios que dejan poco margen a un aumento precipitado, cuando en mayo el aumento estipulado por el Ejecutivo se ejecutaría como todos los años.
Sobre esta línea, no está definido qué pasaría con el aumento de mayo, si debería agregarse o no, pero lo que sí puede calcularse es lo que la empresa debe invertir en caso de ser aprobada la Ley. El siguiente gráfico muestra el gasto que la empresa hace en cada trabajador sobre los mínimos que define la Lottt. Un total de 3.831,50 bolívares -sin calcular bonos o acuerdos entre empresas y trabajadores- es el cálculo actual; con el aumento del 45%, la empresa deberá invertir 5.230,66 por empleado, mientras se trata de incrementar las ventas para importar los productos al nuevo precio del dólar.
Con el aumento de 45% sobre el salario mínimo, tal y como lo quiere el Proyecto de Ley,
aún no se llegaría a 3 mil bolívares, lo
óptimo según Marquina para solucionar la situación actual. Un total de 2.968,9 bolívares sería el sueldo con el aumento, lo que aumentaría en casi 800 bolívares el salario en relación con la cesta básica, si esta se mantuviera congelada durante el año.
Resulta al menos irónico que una oposición que ha criticado al Estado por, según ellos, no darle oportunidades a la empresa, haya propuesto una Ley como solución a una medida macroeconómica sin analizar todas las aristas que afectarían a las empresas, que, en caso de no tener el colchón necesario para sobreponerse a los costos, ocasionaría el cierre de muchas de ellas. Este martes se piensa discutir la propuesta nuevamente, sin la presencia, al menos hasta el momento, de los principales sectores productivos del país.
Por: Ana Vanessa Herrero y Ana Mercedes Pérez / Departamento de Investigación / Noticias24
Gráficos: Ingrid Támara Arteaga / Departamento de Investigación / Noticias24
