Alejandro Antonini no sólo dejó casi US$ 800.000 en Buenos Aires; también dejó atrás su tranquilidad financiera. A partir del incidente, el sistema bancario internacional lo incluyó en el grupo de “personas políticamente expuestas” (PEP, en inglés), por lo que todas sus cuentas bancarias y movimientos de fondos comenzaron a recibir una “vigilancia” o “atención” extra alrededor del mundo.
El ingreso de Antonini a ese complejo pelotón, que incluye a presidentes y funcionarios actuales y pasados, políticos y ejecutivos de todos los continentes, se dio como parte del “grupo de empresarios bolivarianos”, entre los que ya figuraban Ricardo Fernández Barrueco y sus socios Carlos Kauffman y Franklin Durán.
“Antonini es considerado como uno de los testaferros de esos empresarios y el incidente de Buenos Aires podría ser la punta del iceberg, de algo más grande sobre lavado de dinero“, dijo a LA NACION Kenneth Rijock, autor de un alerta sobre el “valijero” y sus socios, que difundió World-Check, una firma que tiene una base de datos global sobre individuos “de alto riesgo”.
Junto a otras pocas firmas similares, World Check configura una red que gobiernos, la ONU y miles de bancos utilizan para verificar los antecedentes de sus antiguos o potenciales clientes.
“En este caso sospechamos que puede tratarse de lavado de dinero, más que de un soborno. No se suelen necesitar 12 viajes para pagar coimas“, explicó Rijock, un ex lavador de dinero del narcotráfico que ahora colabora con bancos y con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Citó la “estrecha relación” que Fernández Barruecos mantiene con el presidente Hugo Chávez, y los antecedentes de Abad Air, la empresa aérea del socio de Antonini, Wladimir Abad, que registra vuelos entre Venezuela, Miami y las islas caribeñas Turcos y Caicos, “un conocido paraíso offshore “, dijo.
Abad y Fernández Barruecos registran un incidente con la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), que en mayo se inautó de un Lear Jet de la empresa American Food Grain (AFG), en la que ambos aparecen como directivos. Fue por la presunta matriculación irregular del avión, lo que le habilitaba revisiones más laxas. Eso “permite a los propietarios extranjeros usar la aeronave para traficar con drogas, armas o dinero en efectivo , escribió el agente de la DEA Terry Frankhauser en su reporte de incautación difundido por El Nuevo Herald . El oficial no aclaró si eso efectivamente pasó en este caso.
Para el economista venezolano radicado en Florida Federico Alves y la organización Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos (IVAC, en inglés), el escándalo amerita que los EE.UU abran una o más investigaciones por presuntos tráfico y lavado de dinero o la eventual violación de la ley contra las de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).
“Todo esto es producto de lavado de dinero“, dijo a LA NACION Alves, que presentó una denuncia informando sobre el incidente ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). “Desde el FBI me informaron que la denuncia está en revisión“, dijo. Hasta ayer, no obstante, el FBI, la DEA, y las agencias federales de impuestos (IRS) e Inmigración y Aduanas (ICE) no habían abierto investigaciones formales, informaron sus voceros a LA NACION.
Al igual que el Departamento de Estado, en el FBI y la DEA conocen el caso desde su irrupción pública, pero hasta anoche seguían sin recibir un pedido oficial desde Buenos Aires, tras un día cargado de versiones. La más fuerte: Antonini habría entrado en el programa de protección de testigos a cambio de colaborar. Los voceros de esas agencias lo negaron o evitaron hacer declaraciones.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU. – La Nación
