Ceballos declaró que el sistema de chip electrónico "es un sistema que violenta el derecho a la igualdad que tenemos los tachirenses. Somos tan venezolanos como cualquier otro ciudadano que habite en este país. Lo que vivimos en el Táchira es una discriminación". Aseguró que el contrabando no es el único problema, y que el Táchira vive un problema de distribución. Asimismo, afirmó que la medida ha generado escasez y el colapso de las estaciones de servicio en la región, y que el gobierno no está atendiendo al Táchira y a la frontera.
El también diputado del Consejo Legislativo por el estado Táchira expresó que el primer paso "es restituir el derecho de los ciudadanos". En segundo lugar, considera que se debe atender integralmente la frontera tachirense y el norte de Santander para atacar el contrabando. Señaló que apróximadamente 5.000 familias viven del negocio de contrabando de combustible en la frontera y que el proceso de distribución de la gasolina debe ser monitoreado para evitar la corrupción.
Adicionalmente, Ceballos destacó que la situación de combustible en el Táchira afecta el turismo, aleja la inversión y ha paralizado la economía del estado. "Esta medida no tiene sentido y mucho menos en un país petrolero", concluyó.