La falta de respuesta del Gobierno mexicano en el tema de las desapariciones hace que muchos familiares de víctimas se hayan convertido en auténticos expertos en investigación y ciencias forenses, que hoy se han reunido para operar un banco genético sin intervención
gubernamental.
El proyecto se llama Ciencia Forense Ciudadana y en él participan, además de los investigadores Ernesto Schwartz y Arely Cruz, familiares de víctimas como Julia Alonso, cuyo hijo desapareció en el estado de Nuevo León en el año 2008.
"Desgraciadamente, sí, sí nos hemos convertido en expertos, pero no porque nosotros hayamos querido sino por la desgracia de tener un Gobierno como el que tenemos", apuntó hoy Alonso en un encuentro con medios de comunicación.
En él se comunicó la identificación positiva de la joven Brenda Damaris González, el primer cuerpo que se ha logrado identificar gracias a este proyecto, que tiene la financiación de la Universidad de Durham en el Reino Unido.
Juana Solís, madre de esta joven desaparecida en 2011 en el estado de Nuevo León, nunca creyó que los restos que le entregaron en una bolsa, sin ninguna prueba genética, fueran de su hija.
Por ello acudió a la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC) y su caso se convirtió en la semilla para crear este proyecto, junto con los conocimientos adquiridos por los dos investigadores durante su trabajo en Colombia.
Allí se dieron cuenta de que se podía traer a México un modelo de participación ciudadana en las ciencias forenses.
Hasta ahora se ha recibido una financiación de 250.000 libras (386.000 dólares) de la universidad británica para realizar pruebas de ADN independientes a los familiares de desaparecidos y elaborar un banco genético.
Según explicó a Efe Rodolfo Franco, uno de los fundadores de GFC, uno de los principales objetivos de este proyecto es que "el Gobierno vea que los ciudadanos se pueden organizar, participar en estos asuntos forenses", y con ello motivar su cooperación.
Este proyecto tiene tres pasos. El primero es "conformar un Gobierno ciudadano que gestionara una base de datos", que ya se ha logrado gracias a un grupo de víctimas, todas ellas "figuras públicas" conocidas por haber luchado por sus casos de desaparecidos.
Son personas como Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 tras ser detenido por el Ejército Mexicano, caso por el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano.
"Nosotros que llevamos tanto tiempo, más de 40 años en esta situación, buscando a nuestros familiares desaparecidos, podemos decir que nos hemos convertido en investigadores, en peritos, en abogados, en la búsqueda de nuestros seres queridos", apuntó.
Hoy, añadió, "estamos en este proyecto tratando de que con las instituciones del Estado, conjuntamente con ellos, podamos hacer algo diferente. Que el Estado realmente se ponga las pilas y ayude a las familias a encontrar a los familiares desaparecidos".
En opinión de Radilla, está claro que "no hay respuesta, no hay esclarecimiento de hechos" por parte del Gobierno y sí hay "cuerpos que son sepultados cuando hay cientos de familias buscando a sus familiares, y sin embargo esos restos humanos se van a las fosas comunes, sin tener identificación".
El segundo paso del proyecto Ciencia Forense Ciudadana está en proceso y es la recolección de datos de familiares de desaparecidos. Hasta ahora han logrado reunir más de 600, muchos de ellos de Iguala, en el estado de Guerrero.
De allí desaparecieron el pasado 26 de septiembre 43 estudiantes y en su búsqueda se han encontrado decenas de fosas comunes con cadáveres sin identificar, lo que ha motivado a muchas familias a denunciar las desapariciones y a querer buscar a sus seres queridos con iniciativas como esta.
El tercer paso todavía no ha comenzado, explicó Franco, y será la creación de un "biobanco", es decir obtener las muestras genéticas de los familiares y establecer fichas que luego puedan ser contrastadas con los datos de los cuerpos que se hayan encontrado.
Según explicó Franco, actualmente hay financiación para hacer las pruebas a más de 1.500 personas, pero el objetivo es seguir aumentando, pues esta cifra todavía está muy lejos de las más de 27.000 personas que hoy están desaparecidas en México.
EFE
