El Gobierno que preside Silvio Berlusconi aprobó hoy un proyecto de ley de tipo constitucional que pretende modificar algunos de los artículos de la Carta Magna italiana sobre los empleados públicos y la libertad de empresa para favorecer la iniciativa empresarial ante la crisis económica.
La medida fue anunciada por el propio Berlusconi en una rueda de prensa en Roma tras el Consejo de Ministros, un acto que tuvo lugar casi de modo simultáneo al anuncio de la solicitud de la Fiscalía de Milán de un juicio inmediato contra el mandatario por concusión e incitación a la prostitución de menores por el llamado caso Ruby.
"Ésta es la nueva fase de trabajo del Gobierno: dirigida a la aprobación de medidas que pretenden relanzar la economía, el crecimiento y el desarrollo. No es sólo un hecho italiano, sino de toda la Unión Europea", dijo el primer ministro, en una comparecencia retransmitida en directo por televisión.
"Somos el tercer contribuyente (económico) de Europa y estamos en el segundo puesto en cuanto a solidez del sistema económico", agregó Berlusconi, quien reconoció que estas medidas económicas se han retrasado debido a "los asuntos de la mayoría" gobernante, sobre todo la "diáspora" de los diputados afines a su ex aliado Gianfranco Fini.
Tres son los artículos de la Constitución italiana que se pretenden modificar en virtud de este proyecto de ley que necesitará de una tramitación parlamentaria mucho más exhaustiva puesto que supone una reforma de tipo constitucional.
Con la modificación del artículo 41 que pretende esta propuesta normativa gubernamental se permitiría, en lo que respecta a las actividades económicas, "todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley".
También se pretende cambiar el texto del artículo 97, en el que, de aprobarse la nueva versión que propone el Gobierno de Berlusconi, se afirmaría que "la carrera de los empleados públicos queda regulada de modo que se valore la capacidad y el mérito".
Por último, en el artículo 118 quedaría reflejado que los organismos locales no deben sólo "favorecer", sino también "garantizar la iniciativa autónoma de los ciudadanos, solos o asociados" en lo que respecta a las actividades económicas.
"Italia es un país que tiene una deuda pública elevada, pero que tiene también ciudadanos que -y uso este término- son 'ricos'. A pesar de la fase de crisis, hemos sabido mantener en orden las cuentas y aprobar medidas bien acogidas por los organismos internacionales y las agencias de calificación", dijo Berlusconi.
El anuncio de la aprobación en el Consejo de Ministros de este proyecto de ley constitucional tuvo una inmediata reacción por parte de la oposición, sobre todo del Partido Demócrata (PD), que lo definió como "humo" y "propaganda" para cubrir los escándalos judiciales de Berlusconi.
Se trata de "una reunión del Consejo de Ministros celebrada no por casualidad mientras las agencias de noticias bombardeaban con la noticia de la solicitud del juicio inmediato" para Berlusconi por el caso Ruby, afirmó la vicepresidenta del PD, Marina Sereni, en declaraciones recogidas por los medios italianos.
La medida fue anunciada por el propio Berlusconi en una rueda de prensa en Roma tras el Consejo de Ministros, un acto que tuvo lugar casi de modo simultáneo al anuncio de la solicitud de la Fiscalía de Milán de un juicio inmediato contra el mandatario por concusión e incitación a la prostitución de menores por el llamado caso Ruby.
"Ésta es la nueva fase de trabajo del Gobierno: dirigida a la aprobación de medidas que pretenden relanzar la economía, el crecimiento y el desarrollo. No es sólo un hecho italiano, sino de toda la Unión Europea", dijo el primer ministro, en una comparecencia retransmitida en directo por televisión.
"Somos el tercer contribuyente (económico) de Europa y estamos en el segundo puesto en cuanto a solidez del sistema económico", agregó Berlusconi, quien reconoció que estas medidas económicas se han retrasado debido a "los asuntos de la mayoría" gobernante, sobre todo la "diáspora" de los diputados afines a su ex aliado Gianfranco Fini.
Tres son los artículos de la Constitución italiana que se pretenden modificar en virtud de este proyecto de ley que necesitará de una tramitación parlamentaria mucho más exhaustiva puesto que supone una reforma de tipo constitucional.
Con la modificación del artículo 41 que pretende esta propuesta normativa gubernamental se permitiría, en lo que respecta a las actividades económicas, "todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley".
También se pretende cambiar el texto del artículo 97, en el que, de aprobarse la nueva versión que propone el Gobierno de Berlusconi, se afirmaría que "la carrera de los empleados públicos queda regulada de modo que se valore la capacidad y el mérito".
Por último, en el artículo 118 quedaría reflejado que los organismos locales no deben sólo "favorecer", sino también "garantizar la iniciativa autónoma de los ciudadanos, solos o asociados" en lo que respecta a las actividades económicas.
"Italia es un país que tiene una deuda pública elevada, pero que tiene también ciudadanos que -y uso este término- son 'ricos'. A pesar de la fase de crisis, hemos sabido mantener en orden las cuentas y aprobar medidas bien acogidas por los organismos internacionales y las agencias de calificación", dijo Berlusconi.
El anuncio de la aprobación en el Consejo de Ministros de este proyecto de ley constitucional tuvo una inmediata reacción por parte de la oposición, sobre todo del Partido Demócrata (PD), que lo definió como "humo" y "propaganda" para cubrir los escándalos judiciales de Berlusconi.
Se trata de "una reunión del Consejo de Ministros celebrada no por casualidad mientras las agencias de noticias bombardeaban con la noticia de la solicitud del juicio inmediato" para Berlusconi por el caso Ruby, afirmó la vicepresidenta del PD, Marina Sereni, en declaraciones recogidas por los medios italianos.
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