El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó hoy en suspenso la liberación de los dos secuestrados que las Farc no entregaron el domingo, pese a su compromiso, y dijo que sólo se retomará el operativo cuando se den garantías de cumplimento por parte de la guerrilla.
“No queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros, sólo cuando estemos seguros, de que la liberación pueda llevarse a cabo”, señaló Santos durante la presentación de la Ley de Desmovilizados y la Prórroga de la Ley de Orden Público, en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).
Y es que pese a los anuncios y a que la operación estaba en marcha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entregaron, según el Gobierno, unas coordenadas erróneas que dieron al traste con la liberación del policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel el domingo.
Tras esas frustradas liberaciones la situación se complicó hoy lunes cuando el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christophe Beney, informó por la mañana a través de Caracol Radio que tenía autorización del Gobierno para seguir con la operación y recoger a los dos rehenes.
Pero minutos después, el Gobierno, a través de un comunicado, lo negó: “el Gobierno Nacional se permite informar que no es cierto que haya autorizado la reanudación de algún operativo para la liberación de secuestrados”.
Para Santos, lo ocurrido el domingo fue grave porque las Farc “incumplieron con las coordenadas, incumplieron con las entregas y propusieron a última hora, cuando ya no era posible, realizar la entrega en un lugar que estaba fuera de las áreas previamente acordadas”.
Esto es “algo que ni el Gobierno ni el Cicr (Comité Internacional de la Cruz Roja) podíamos aceptar”, manifestó el presidente para remarcar después que el cumplimiento de la palabra es de vital importancia.
“En este preciso momento estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de liberaciones. Estamos incluso considerando la posibilidad de hacerlo por tierra”, adelantó horas después Santos, quien, sin embargo, se expresó en desacuerdo con las “liberaciones a cuentagotas”.
También se quejó por el uso de los recursos prestados por el Gobierno de Brasil, que ha facilitado los helicópteros para recoger a los secuestrados en la selva, al señalar que son “utilizados para organizar fiestas de varias horas para ‘celebrar’ con los secuestradores su supuesto acto de generosidad”.
Recordó, igualmente, que de ahora en adelante la nueva Ley de Orden Público, no permite la creación de zonas de despeje para organizaciones armadas ilegales.
“En adelante no habrá zonas de despeje para los grupos violentos, ni zonas vedadas para la Fuerza Pública”, puntualizó Santos, quien recordó que de todos modos la iniciativa mantiene herramientas conocidas, como el indulto que ha permitido las desmovilizaciones de grupos al margen de la ley.
Las liberaciones anunciadas por las Farc comenzaron el miércoles pasado con la liberación del concejal Marcos Baquero y prosiguieron el viernes con la puesta en libertad del también concejal Armando Acuña y el infante de la Marina Henry López.
El domingo entregaron al policía Carlos Alberto Ocampo, pero no hicieron lo mismo con el también policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dieron a la misión humanitaria unas coordenadas erróneas.
Esta misión está coordinada por el CICR y la integra la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha sido la intermediaria con la guerrilla para conseguir las coordenadas de los lugares donde se produjeron o se iban a producir, en el caso de Solórzano y Sanmiguel, las entregas.
“No queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros, sólo cuando estemos seguros, de que la liberación pueda llevarse a cabo”, señaló Santos durante la presentación de la Ley de Desmovilizados y la Prórroga de la Ley de Orden Público, en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).
Y es que pese a los anuncios y a que la operación estaba en marcha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entregaron, según el Gobierno, unas coordenadas erróneas que dieron al traste con la liberación del policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel el domingo.
Tras esas frustradas liberaciones la situación se complicó hoy lunes cuando el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christophe Beney, informó por la mañana a través de Caracol Radio que tenía autorización del Gobierno para seguir con la operación y recoger a los dos rehenes.
Pero minutos después, el Gobierno, a través de un comunicado, lo negó: “el Gobierno Nacional se permite informar que no es cierto que haya autorizado la reanudación de algún operativo para la liberación de secuestrados”.
Para Santos, lo ocurrido el domingo fue grave porque las Farc “incumplieron con las coordenadas, incumplieron con las entregas y propusieron a última hora, cuando ya no era posible, realizar la entrega en un lugar que estaba fuera de las áreas previamente acordadas”.
Esto es “algo que ni el Gobierno ni el Cicr (Comité Internacional de la Cruz Roja) podíamos aceptar”, manifestó el presidente para remarcar después que el cumplimiento de la palabra es de vital importancia.
“En este preciso momento estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de liberaciones. Estamos incluso considerando la posibilidad de hacerlo por tierra”, adelantó horas después Santos, quien, sin embargo, se expresó en desacuerdo con las “liberaciones a cuentagotas”.
También se quejó por el uso de los recursos prestados por el Gobierno de Brasil, que ha facilitado los helicópteros para recoger a los secuestrados en la selva, al señalar que son “utilizados para organizar fiestas de varias horas para ‘celebrar’ con los secuestradores su supuesto acto de generosidad”.
Recordó, igualmente, que de ahora en adelante la nueva Ley de Orden Público, no permite la creación de zonas de despeje para organizaciones armadas ilegales.
“En adelante no habrá zonas de despeje para los grupos violentos, ni zonas vedadas para la Fuerza Pública”, puntualizó Santos, quien recordó que de todos modos la iniciativa mantiene herramientas conocidas, como el indulto que ha permitido las desmovilizaciones de grupos al margen de la ley.
Las liberaciones anunciadas por las Farc comenzaron el miércoles pasado con la liberación del concejal Marcos Baquero y prosiguieron el viernes con la puesta en libertad del también concejal Armando Acuña y el infante de la Marina Henry López.
El domingo entregaron al policía Carlos Alberto Ocampo, pero no hicieron lo mismo con el también policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dieron a la misión humanitaria unas coordenadas erróneas.
Esta misión está coordinada por el CICR y la integra la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha sido la intermediaria con la guerrilla para conseguir las coordenadas de los lugares donde se produjeron o se iban a producir, en el caso de Solórzano y Sanmiguel, las entregas.
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