La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe, publicado por el diario español El País, en el que acusa al Tribunal Supremo de Justicia de haber "abdicado de su rol de controlador del poder ejecutivo". Según el documento, el sistema judicial venezolano favorece al gobierno y ha debilitado la libertad de expresión en el país.
Lea consideraciones de la HRW
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) considera que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha "neutralizado" la independencia del poder judicial en el país. Este es uno de los principales problemas relacionados con los derechos humanos tras más de una década de Chávez en el poder, en la que además, según HRW, se ha "debilitado sistemáticamente la libertad de expresión" y se ha acosado judicialmente a quienes critican al Gobierno.
Estas consideraciones aparecen en el informe que la organización presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que dio a conocer ayer. En el documento, se acusa al Tribunal Supremo de Venezuela de haber "abdicado de su rol de controlador del poder ejecutivo". Según HRW, el tribunal ha sufrido una profunda modificación a favor del Gobierno que se ha extendido "a todo el poder judicial".
Como ejemplo de la forma en que se ha producido esa subordinación al Gobierno, el informe explica que los diputados oficialistas hicieron que la Asamblea Nacional de Venezuela adelantara el nombramiento de nueve magistrados para que salieran elegidos el pasado diciembre, semanas antes de que asumieran su cargo los diputados opositores salidos de las últimas elecciones, cuando la oposición a Chávez logró una minoría de control en la Cámara.
La organización considera que el sistema de nombramiento debería exigir una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea, de forma que los nombramientos deban ser pactados entre Gobierno y oposición. Así sucede, por ejemplo, en España, donde se exigen tres quintos del Parlamento. HRW pide incluso que los nombramientos del pasado diciembre sean revocados y revisados de acuerdo con estas normas.
Human Rights Watch dedica especial atención al caso de la juez María Lourdes Afiuni, detenida hace 14 meses tras conceder la libertad condicional a un empresario, acusado de corrupción, que llevaba tres años en prisión a la espera de juicio. Condenada públicamente por el presidente Chávez, Afiuni fue detenida y acusada de corrupción, abuso de autoridad y de favorecer la evasión del empresario.
El próximo jueves el Senado español votará una moción en la que se pide que una delegación del Gobierno visite en prisión a Afiuni, a la que se califica de "detenida política". Las mociones parlamentarias son posiciones políticas que pretenden orientar la acción de Gobierno. No son de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, pero sí es obligado su estudio. Esta moción la presenta el Partido Popular, que siempre ha sido muy beligerante con el Gobierno de Chávez en la Cámara alta española.
Recientemente, la ministra de Exteriores de España, Trinidad Jiménez, afirmó que en Venezuela "no existen presos políticos", lo que motivó duras críticas de la oposición venezolana. Jiménez se basaba en que ninguna organización internacional de derechos humanos utiliza el término "preso político" para referirse a ninguna persona encarcelada en Venezuela.
El informe presentado ayer por Human Rights Watch tampoco utiliza esa expresión, aunque deja clara la motivación política de la situación de Afiuni. En este sentido, HRW afirma: "La Fiscalía General de la República [de Venezuela] debería liberar inmediatamente a la jueza María Lourdes Afiuni y retirar todos los cargos en su contra". También pide que se deroguen "todas las normas penales de desacato y aquellas que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones". Human Rights Watch considera que en Venezuela existen leyes específicas que vulneran las normas internacionales sobre libertad de expresión.
La organización deja claro que en Venezuela se hacen oír de igual manera partidarios y opositores al Gobierno. Pero también advierte de que las leyes que han ampliado las sanciones relativas al "desacato" a funcionarios públicos e instituciones han impuesto un clima de "autocensura" en los medios, que pueden ver revocada su licencia de actividad en cualquier momento.
Lea consideraciones de la HRW
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) considera que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha "neutralizado" la independencia del poder judicial en el país. Este es uno de los principales problemas relacionados con los derechos humanos tras más de una década de Chávez en el poder, en la que además, según HRW, se ha "debilitado sistemáticamente la libertad de expresión" y se ha acosado judicialmente a quienes critican al Gobierno.
Estas consideraciones aparecen en el informe que la organización presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que dio a conocer ayer. En el documento, se acusa al Tribunal Supremo de Venezuela de haber "abdicado de su rol de controlador del poder ejecutivo". Según HRW, el tribunal ha sufrido una profunda modificación a favor del Gobierno que se ha extendido "a todo el poder judicial".
Como ejemplo de la forma en que se ha producido esa subordinación al Gobierno, el informe explica que los diputados oficialistas hicieron que la Asamblea Nacional de Venezuela adelantara el nombramiento de nueve magistrados para que salieran elegidos el pasado diciembre, semanas antes de que asumieran su cargo los diputados opositores salidos de las últimas elecciones, cuando la oposición a Chávez logró una minoría de control en la Cámara.
La organización considera que el sistema de nombramiento debería exigir una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea, de forma que los nombramientos deban ser pactados entre Gobierno y oposición. Así sucede, por ejemplo, en España, donde se exigen tres quintos del Parlamento. HRW pide incluso que los nombramientos del pasado diciembre sean revocados y revisados de acuerdo con estas normas.
Human Rights Watch dedica especial atención al caso de la juez María Lourdes Afiuni, detenida hace 14 meses tras conceder la libertad condicional a un empresario, acusado de corrupción, que llevaba tres años en prisión a la espera de juicio. Condenada públicamente por el presidente Chávez, Afiuni fue detenida y acusada de corrupción, abuso de autoridad y de favorecer la evasión del empresario.
El próximo jueves el Senado español votará una moción en la que se pide que una delegación del Gobierno visite en prisión a Afiuni, a la que se califica de "detenida política". Las mociones parlamentarias son posiciones políticas que pretenden orientar la acción de Gobierno. No son de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, pero sí es obligado su estudio. Esta moción la presenta el Partido Popular, que siempre ha sido muy beligerante con el Gobierno de Chávez en la Cámara alta española.
Recientemente, la ministra de Exteriores de España, Trinidad Jiménez, afirmó que en Venezuela "no existen presos políticos", lo que motivó duras críticas de la oposición venezolana. Jiménez se basaba en que ninguna organización internacional de derechos humanos utiliza el término "preso político" para referirse a ninguna persona encarcelada en Venezuela.
El informe presentado ayer por Human Rights Watch tampoco utiliza esa expresión, aunque deja clara la motivación política de la situación de Afiuni. En este sentido, HRW afirma: "La Fiscalía General de la República [de Venezuela] debería liberar inmediatamente a la jueza María Lourdes Afiuni y retirar todos los cargos en su contra". También pide que se deroguen "todas las normas penales de desacato y aquellas que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones". Human Rights Watch considera que en Venezuela existen leyes específicas que vulneran las normas internacionales sobre libertad de expresión.
La organización deja claro que en Venezuela se hacen oír de igual manera partidarios y opositores al Gobierno. Pero también advierte de que las leyes que han ampliado las sanciones relativas al "desacato" a funcionarios públicos e instituciones han impuesto un clima de "autocensura" en los medios, que pueden ver revocada su licencia de actividad en cualquier momento.
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