Agencias).- El Gobierno de Venezuela rechazó hoy “de forma categórica y contundente” el “Informe de Derechos Humanos” que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acusó a esta administración de mantener una “vocación imperialista” al divulgar estos documentos “unilaterales”.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de forma categórica y contundente, el “Informe de Derechos Humanos” presentado el 24 de mayo de 2012 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en particular el capítulo referido a Venezuela”, dice el comunicado de la Cancillería difundido hoy.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, asimismo, que el Gobierno de Estados Unidos tiene una “incapacidad para establecer relaciones de respeto mutuo con otras naciones soberanas” y señaló que resulta “especialmente escandaloso” que este país aspire erigirse en “juez planetario” en la materia.
Además, reclama que Estados Unidos “no acepte la mayor parte de los instrumentos del Sistema Universal de promoción y protección de derechos humanos”, ni mecanismos de supervisión y control.
“Venezuela reitera que estos actos de agresión en contra del pueblo venezolano, dueño soberano de su destino y garante pleno de los derechos humanos, no pueden sino deteriorar las ya mermadas relaciones bilaterales y constituyen un obstáculo infranqueable para un diálogo político respetuoso“, agrega el documento de Cancillería.
Se hace mención, además, a que las afirmaciones “irresponsables” contenidas en el informe, “constituyen un irrespeto a la vocación democrática del pueblo venezolano”, así como “un ataque hacia procesos electorales que son la máxima expresión de la soberanía” del pueblo.
El Departamento de Estado de EE.UU. divulgó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo de 2011 en el que advirtió sobre la creciente “concentración de poder” en la rama ejecutiva en Venezuela.
Adicionalmente, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, dijo hoy en una entrevista a efe que los venezolanos “sienten” que su sistema político está en “bancarrota” debido a la concentración de poderes por parte del Ejecutivo.
Como muestra de la actual situación de los poderes en el país suramericano, el embajador mencionó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde el 2009 bajo la acusación de que concedió la libertad provisional a un empresario supuestamente de manera irregular.
Detalles del informe
Estados Unidos denunció una creciente concentración de poder en Venezuela. Consideran que el gobierno de Hugo Chávez siguió usando la justicia para “intimidar y perseguir líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil” que se mostraron críticos, señaló el reporte del Departamento de Estado.
“Bajo esta autoridad, el presidente Chávez decretó 26 leyes, que incluyeron un número de provisiones que restringen los derechos fundamentales económicos y de la propiedad”, se consideró.“La concentración del poder en el Ejecutivo continuó incrementándose significativamente”, indicó el informe, que criticó la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2010 que le otorgó a Chávez poderes especiales para legislar por decreto por año y medio.
Washington reconoció que el gobierno de Chávez ha castigado a algunos oficiales de bajo rango, pero “no hubo investigaciones o acciones judiciales contra funcionarios de alto nivelante denuncias de corrupción o abusos”.
En el pasado, Venezuela ha rechazado las críticas de estos informes anuales, alegando que tienen una naturaleza política.
Washington admite que las relaciones más difíciles en la región las mantiene con Venezuela.
Estado Unidos preocupado ante el “creciente hostigamiento” contra la prensa en Venezuela
El país norteamericano mostró gran preocupación ante “el creciente hostigamiento contra la prensa en Venezuela”. Además destacan que el Gobierno venezolano tomó “acciones para impedir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia, acosó e intimidó a cadenas de televisión privadas y a periodistas”, y sus ataques mediáticos estuvieron “impregnados de antisemitismo”.
“Las acciones del gobierno están destinadas a entorpecer la libertad de expresióny criminalizar la disidencia”, destaca el informe.
Además enumera casos de multas, amenazas, incautación de material e investigaciones criminales a medios privados y periodistas.
Con información de AFP Y EFE
