Abrir un periódico publicado en España durante los últimos 35 años es encontrarse año tras año una y otra vez con las mismas historias. “El paro español es un paro fundamentalmente joven”, publicaba EL PAÍS en junio de 1979. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre de 2012, el 55% de los menores de 25 años que busca activamente trabajo estaba desempleado, muy por encima de la tasa para el conjunto de la Unión Europea, alrededor del 22,5%.
El paro juvenil ha sido una constante en la Historia española reciente, y todos los Gobiernos de la democracia se han puesto como objetivo, en algún momento, atajar el problema. Desde la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, en 1984, hasta la llamada Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Juvenil aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, la solución ha pasado por incentivar la temporalidad y la flexibilidad de los contratos para jóvenes. La consecuencia es la creación de un mercado laboral joven precario y mal pagado.
Las medidas incluidas en el real decreto-ley, que ha entrado en vigor el domingo, apuestan sin tapujos por reforzar el papel del contrato temporal como panacea del desempleo juvenil. Sindicatos y expertos dudan de la eficacia de estas medidas para solventar un problema que, con las previsiones económicas de la Comisión Europea en la mano, no hará sino aumentar a corto plazo.
Para Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, que el Ejecutivo vuelva a pulsar la tecla de la flexibilización como solución al paro juvenil es “persistir en el error de políticas fracasadas”. Según Ferrer, los sucesivos Gobiernos no reconocen que “no hay un paro juvenil, sino varios”, y compara la situación a un “reloj de arena: arriba muchos jóvenes muy formados y que no tienen salida en el sistema productivo, abajo jóvenes muy poco formados y condenados a la precariedad, y en el centro un grupo muy pequeño de jóvenes que han recibido formación profesional”.
Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, coincide con las críticas de Ferrer. “En los años ochenta ya se tomaron medidas de este tipo y la experiencia fue muy negativa”. Lahera se refiere a la reforma laboral emprendida por el Gobierno socialista de Felipe González, que introdujo la temporalidad como instrumento para integrar a los jóvenes en el mercado laboral.
José Ignacio Pérez Infante, era director general de Empleo en 1984. “Durante la crisis económica que vivía España desde 1977 no había facilidad para contratar temporalmente. Con altas tasas de paro en las negociaciones con patronal y sindicatos se planteó la flexibilización, tanto de entrada como de salida, del mercado laboral. El Gobierno decidió no tocar la salida y flexibilizar la entrada”, explica Pérez Infante.
Durante los siguientes años se empezaron a observar los problemas causados por la introducción de incentivos a la contratación temporal. “Una fuerte fluctuación del mercado laboral, una baja productividad por falta de inversión del empresariado en formación, además de un mayor nivel de accidentes laborales entre este tipo de trabajadores”, recuerda Pérez Infante, que sostiene que esta experiencia fue la que determinó que se abandonase este tipo de contrato entre las reformas de 1994, obra de un Gobierno socialista, y la de 1997, ya con el Partido Popular en el poder.
Por todo ello Pérez Infante considera un error regresar a estas opciones, en especial a la eliminación de la necesidad de que el empleador tenga que justificar la necesidad de un contrato temporal. “Recurrir a la no causalidad del empleo temporal, lo perpetúa”.
Para Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, la descausalización también “es muy importante”, pero a su juicio lo es porque “puede ser la vía para un período de prueba ampliado para muchos jóvenes”.
Rojo Torrecilla, no obstante, muestra sus reservas respecto a la nueva iniciativa del Gobierno que permite a las empresas formalizar contratos en prácticas a continuación de un contrato de formación, porque la “edad de un trabajador joven puede alargarse más allá de los 30 años con sucesivos contratos temporales y con salarios reducidos”.
Un estar y no estar en el mercado laboral que “refuerza la dualidad del sistema”, la separación entre trabajadores indefinidos y aquellos abocados a una perenne temporalidad, señala Lahera. Además, estas medidas hacen que “la transición hacia el empleo estable sea cada vez es más difícil”.
El profesor de la Universidad Complutense concluye que aplicar “este tipo de políticas supone no haber aprendido de la historia cómo funciona el mercado laboral español”. Pérez Infante añade que “estas medidas son un reconocimiento implícito de que el contrato de emprendedores — introducido en la reforma laboral de 2012 — no ha servido para nada”. En opinión de Lahera, una salida a la situación actual sería “el modelo de formación dual, con colaboración público-privada”. El profesor, sin embargo, advierte contra la formación en el trabajo que no se ajuste a las necesidades laborales.
“Mientras las prioridades del Gobierno sigan siendo los ajustes y la reducción del déficit, España no va a crecer. Y no importa la legislación que se apruebe: si no crecemos al 2% no se va a generar empleo, ni para jóvenes, ni para nadie”, concluye.
La diferencia de este plan con aquel de 1984 es que se conjuga con la reforma laboral aprobada el pasado año, en la que sí se facilitó y abarató el despido. Las consecuencias de esta combinación están por ver.
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