Dicha normativa, en su últimos capitulo está dirigida a las sanciones que los funcionarios o funcionarias públicas recibirían por retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de las obligaciones establecidas de dicha ley, pudiendo ser multado con el 10% al 50% de su remuneración total correspondiente al mes en que se cometió la infracción.
Es importante, mencionar que la legisladora Aponte, María Jiménez, Lourdes Pinto y Corina Lago, fueron las responsables de presentar este proyecto de ley en la comunidades, “visitamos a varios municipios, para que las mujeres del estado opinaran sobre los artículos y conocieran esta norma que servirá como su principal defensa ante la violencia física, sicológica o sexual”. Añadió Aponte.
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