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Trinidad Jiménez cree que en Venezuela no hay presos políticos
La ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, reiteró hoy el compromiso del Gobierno con la liberación de los presos políticos en terceros países, y recordó que, a tenor de ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, no hay ningún recluso calificado como tal en Venezuela.
Así respondió la ministra en el Senado -Cámara Alta del Parlamento- a una pregunta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) sobre las gestiones previstas por el Gobierno español para que puedan ser liberados los presos políticos en Venezuela.
El senador del PNV Iñaki Anasagasti citó como ejemplo el caso de la jueza María de Lourdes Afiuni, encarcelada desde diciembre pasado por haber concedido la libertad condicional de manera supuestamente irregular a un empresario venezolano Eligio Cedeño que se encontraba en detención preventiva desde 2007 acusado de estafa.
La ministra Jiménez insistió en que la defensa de los derechos humanos es una de las prioridades del Gobierno español, y recordó que ninguna de las dos ONG mencionadas han catalogado a ningún recluso venezolano como preso político, y que es el criterio de estas organizaciones el que se tiene en cuenta para calificarlos como tal.
Hay personas recluidos por causas penales, acusados de haber participado en el golpe de Estado de 2002 o por posible corrupción, pero quienes les consideran presos políticos son “algunos partidos políticos de la oposición venezolana”, dijo la responsable de la diplomacia española.
Trinidad Jiménez destacó, además, que el caso de la jueza Afiuni se resolvió aplicando la legislación vigente en Venezuela.
En su réplica a la ministra, el senador Anasagasti alegó que el Gobierno de Venezuela no permite el ingreso de observadores en el territorio nacional -como hizo recientemente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y que el propio presidente, Hugo Chávez, “desprestigia” los informes de Human Rights Watch.
Según cálculos del senador, hay alrededor de 60 presos políticos en Venezuela, “casi como en Cuba”, por lo que reclama al Gobierno de España que defienda sus derechos no con “grandes discursos”, sino con una “diplomacia callada pero importante”.
Anasagasti dijo que el caso de la jueza Afiumi es “absolutamente infame” y denota -agregó- la “gran indefensión” que existe en Venezuela, con un sistema judicial “sometido a las reglas del Ejecutivo”.

En este sentido, el representante del PNV pidió al Gobierno de España que, así como en el caso de Cuba mantiene una “especial sensibilidad”, en el caso de Venezuela “no se agarren a la letra muerta de la ley”.