Lea a continuación el pronunciamiento:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la posible intervención del Estado de Venezuela en el canal de televisión Gobovisión a través de la toma de control por parte de un ente público del veinte por ciento de su composición accionaria.
Según la información recibida, el viernes 3 de diciembre de 2010 la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) publicó en la Gaceta Oficial una resolución en virtud de la cual resolvió disolver la sociedad comercial Sindicato Ávila C.A., empresa vinculada al Grupo Financiero Federal de Nelson Mezerhane. Dicha sociedad es dueña del veinte por ciento de las acciones de Corpomedios GV Inversiones, la empresa propietaria del canal Globovisión. La disolución de la empresa Sindicato Ávila C.A. podría implicar que el gobierno asuma el control de las acciones que la empresa posee en Globovisión, pudiendo así participar a través de sus representantes en la asamblea societaria.
Los periodistas y propietarios del canal Globovisión han sido objeto de numerosos actos de hostigamiento y estigmatización como efecto del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En particular, la medida de liquidación que podría dar origen a la intervención del Gobierno en Globovisión estuvo precedida de constantes manifestaciones públicas de las más altas autoridades estatales a través de las cuales ponían de presente su repudio a la línea editorial de Globovisión y expresaban claramente su voluntad de intervenir el canal.
En efecto, el 16 de junio de 2010 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuestionó que los accionistas de Globovisión Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, que son objeto de procesos judiciales impulsados por el Ministerio Público, tuvieran el control del canal. El Presidente, en una cadena oficial, señaló que la intervención gubernamental de las empresas de Nelson Mezerhane, propietarias de un porcentaje de las acciones del canal, le daban el derecho al gobierno de designar un representante en la Junta directiva de Globovisión.
El mismo día, en referencia al proceso judicial seguido contra Guillermo Zuloaga, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Carlos Escarrá declaró en el programa “La Hojilla”: “El Estado puede pedir perfectamente como medida cautelar la administración de las acciones que tiene el Señor Zuloaga en Globovisión, lo que haría al Estado accionista mayoritario de Globovisión. Como accionista mayoritario, no te digo el 55 por ciento, hermano, sobre la base de eso el Estado tendría aproximadamente el 77 por ciento (…). Supera con creces el 55 por ciento de esa empresa fantasma”.
Posteriormente, el 2 de julio de 2010, el Presidente, en cadena nacional de radio y televisión, nuevamente se refirió al canal de televisión señalando: “Vamos a ver quién aguanta más: si la locura de Globovisión o Venezuela”. Y añadió: “Así que habrá que pensar qué va a pasar con ese canal, pues, qué va a pasar, porque los dueños andan huyendo de la justicia. Y yo hago un llamado a los que están al frente de ese canal que no son sus dueños, (…) cumpliendo instrucciones de sus dueños prófugos escondidos, están tratando de desestabilizar al país por órdenes de sus dueños…; es muy peligroso permitir que un canal de televisión incendie un país, no podemos
permitirlo”.
El 20 de noviembre de 2010, el Presidente Hugo Chávez concedió una entrevista al canal Venezolana de Televisión en la cual acusó a Guillermo Zuloaga de orquestar una conspiración criminal para asesinarlo y llamó al vicepresidente Elías Jaua, a la Fiscal General y al Tribunal Supremo de Justicia, para que adoptaran las decisiones que fueran necesarias para intervenir el canal si Guillermo Zuloaga no se presentaba en Venezuela. Dijo el Presidente: “Algo hay que hacer. O el dueño viene a defender sus propiedades, a dar la cara, como debería ser, o bueno algo hay que hacer en relación con este canal”.
Un día después el Presidente de la República reiteró ese llamado de intervención a las autoridades de los otros poderes. A su juicio, era necesario intervenir Globovision dado que se trataba de un canal de propiedad de personas investigadas por la justicia, que permanece “echándole plomo todos los días al gobierno, al pueblo, desfigurando la verdad, ¡algo tiene que hacer este gobierno y el Estado venezolano al respecto!”.
Ante estas declaraciones, el 22 de noviembre de 2010 la Relatoría Especial solicitó al Estado venezolano que informara a esta oficina, entre otras cosas, qué pruebas existían contra Guillermo Zuloaga para sustentar las acusaciones del Presidente y si se había tomado alguna medida contra Globovisión. El 24 de noviembre de 2010, el Estado de Venezuela respondió que “hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de acción contra la televisora Globovisión, ya que cada uno de los poderes constitucionalmente establecidos son independientes entre sí, por lo cual las simples
declaraciones realizadas por el Presidente no revisten una orden a la cual deban someterse los otros poderes del Estado”. Añadió que las declaraciones del Presidente hacían parte de su libertad de expresión.
El 23 de noviembre en un acto celebrado en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el Presidente de la República, en referencia a la necesidad de “radicalizar la revolución”, indicó que el Estado no podía permanecer en silencio mientras Guillermo Zuluaga iba al “Congreso del imperio a arremeter contra Venezuela y que siga teniendo aquí un canal de televisión”.
El 3 de diciembre de 2010 se hizo pública la decisión adoptada el 16 de noviembre, en virtud de la cual el Estado podría tomar el control y la administración de un porcentaje de la composición accionaría de la empresa dueña del canal de televisión Globovisión.
La intervención del Estado en un canal de televisión cuya línea editorial le resulta incómoda, con el propósito de influir en sus contenidos, se encuentra prohibída por el artículo 13 de la Convención Americana, que establece en su inciso 3 que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.“
En el mismo sentido, el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder del Estado con el objetivo de presionar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación “en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
La Relatoría Especial llama al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se garantice el derecho pleno del canal de señal abierta Globovisión de ejercer, sin intervenciones indebidas del Gobierno ni presiones arbitrarias, el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la integridad y seguridad personal, y al debido proceso e imparcialidad judicial de los y las periodistas del canal y sus propietarios
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