Como parte del trabajo que realiza la Defensa Púbica de Cojedes y en aras de ayudar a todo aquel que lo necesite, consideran que en un año de gestión se han consolidado como “El Bufete del Pueblo”.
Carmen García Hinojoza, coordinadora de la unidad de la Defensa Pública de la región llanera, expresó que el reto está en ampliar sus servicios al resto de las competencias del derecho que recientemente “hemos hecho un esfuerzo por activar como la de inquilino y defensa del derecho a la vivienda, así como a las que aún atendemos, laboral, contencioso administrativa, tránsito entre otros”.
García, dijo que la Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia, es así como el servicio es gratuito y sin exclusión.
Funcionarios, con plena autonomía, bajo la tutela de una Defensora Pública General, la doctora Omaira Camacho Carrión, quien es la primera Defensora Púbica General del país, designada por la Asamblea Nacional el 16 de marzo de 2010. La gestión de la Defensa Púbica se organizó en 24 coordinaciones regionales y 13 extensiones, para un total de 41 sedes regionales formales.
La entrevistada, dijo que durante el 2010 ingresaron de acuerdo a los reportes de las defensorías públicas en todo el territorio nacional, la cantidad de 27.0489 causas, de las cuales 141.783 (52%), corresponden a la materia de protección de niños niñas y adolescentes; 98.797 (36%) a penal ordinario; 14659 (5%) en responsabilidad penal del adolescente; 9491, (4%) en violencia contra la mujer; 4952, (2%) en materia Agraria y Pesquera; 805, (1%) integral.
La competencia en materia de Proyección de Niños, Niñas y Adolescentes representó el área de mayor demanda de la población en general que acudió a la institución, en todos los estados del país a requerir los servicios en asuntos tan sensibles como el cumplimiento de la obligación alimentaria, régimen de convivencia familiar, rectificaciones de partidas de nacimiento, determinaciones de filiación, procedimientos de familias sustitutas en casos de niños o niñas maltratados o en condiciones de riesgo, elaboración de documentos necesarios para determinados trámites, entre otros.
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