Rafael Rodríguez Mudarra denunció el 11 de abril de 2011 al magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, quien presuntamente le entregó una credencial del Poder Judicial al supuesto narcotraficante Walid Makled. Hoy Mudarra ha emitido un comunicado luego de la decisión tomada ayer por elConsejo Moral Republicano.
El pasado 7 de febrero, el abogado Luis Ramos Reyes manifestó que su representado, el Magistrado Eladio Aponte Aponte, es inocente de las acusaciones que se le imputan sobre el caso del otorgamiento de una credencial a Walid Makled.
“Mi representado jamás a entregado ninguna credencial a Walid Makled, el Tribunal Supremo de Justicia, no tiene ni otorga este tipo de documentos”, enfatizó.
A continuación, el comunicado completo de Rafael Rodríguez Mudarra:
Esperamos que en su defensa ante la Asamblea Nacional el MagistradoELADIO APONTE APONTE ELADIO APONTE APONTE pueda explicarle al país lo que está referido en la decisión Nº 395, expediente Nº E10-270 de fecha 20 de agosto del año 2010, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas y en la cual se declaró procedente la solicitud de extradición, al Gobierno de la República de Colombia, por los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir del ciudadano WALID MAKLED GARCÍA.En la referida decisión se señala que cuando se realizó el allanamiento a la casa de Makled, en el acta policial quedó registrado que se había encontrado “un (1) libro con dedicatoria, dirigido al ciudadano Walid, de los Retos de la Justicia Venezolana Contemporánea; una (1) tarjeta de invitación del TSJ dirigida al ciudadano Walid Makled” y al indagar sobre dicho libro, el mismo es nada más y nada menos que la impresión del discurso de apertura del año judicial 2006, del Magistrado APONTE APONTE.También esperamos que el Magistrado pueda explicarle al país lo que en diversas ocasiones señalaron los medios de comunicación sobre la expedición de una credencial al ciudadano Walid Makled.El Consejo Moral Republicano cumplió con su obligación de prevenir, y calificar las actividades alejadas de la ética. Hemos cumplido con nuestro deber ciudadano, jurídico y político. Quien denuncia un hecho para que se investigue no comete un delito, como lo pretendió hacer ver la defensa del Magistrado al pretender imputarme los delitos de calumnia y simulación de hechos punibles.El adecentamiento del Poder Judicial es condición indispensable para la estabilidad, y la paz, y exige combatir las faltas graves en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.Todos los ciudadanos, abogados, y los Partidos Políticos tienen la obligación ética de proteger al Poder Judicial. En este caso el Poder Moral honró el pensamiento de nuestro Libertador Simón Bolívar cuando señalaba en su Decreto de fecha 12 de enero de 1824 lo siguiente:
“Teniendo presente como “Libertador y Presidente” que “una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por alguno de sus funcionarios que han intervenido en ellos” y que “el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y decreto”:“Artículo 1: Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a pena capital.Artículo 2: Los jueces a quienes, según la Ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.Artículo 3: Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1.Artículo 4: Se fijará este decreto en todas las oficinas de la república, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos”.Decreto firmado por Simón Bolívar el 12 de enero de 1824 desde Lima.Rafael Rodríguez Mudarra.
Abogado y Presidente del Partido Político U.R.D.
