un comunicado, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas nuevamente se dirige al país para manifestar su profunda preocupación por la persistencia de un patrón sistemático de conducta del gobierno que violenta los derechos ciudadanos e irrespeta los derechos de propiedad y del libre comercio, todos ellos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Hemos dicho muchas veces que el gobierno debe respetar las garantías expropiatorias previstas en el art. 115 de nuestro pacto constitucional: “…sólo
por causa de utilidad pública, o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Se equivocan las autoridades cuando usan la fuerza
y la ausencia de Estado de Derecho para arrebatar a sus legítimos propietarios su propiedad y el uso productivo que hacen de ella.
A los comerciantes de Catia no se les ha respetado sus derechos y garantías expropiatorias. La autoridad que realiza estos actos no es competente, no hay un razonamiento suficiente para invocar la utilidad pública o el interés social, tampoco hay justa indemnización antes de la ocupación de los activos,
y mucho menos sentencia firme de un tribunal competente. Lo que está ocurriendo es un acto de fuerza, alejado del ordenamiento legal y que causa prejuicios a los directamente involucrados y a la comunidad en general.
El Municipio Libertador concentra a 1.993.186 personas, de acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2011. De esa población, 1.315.503 personas están en edad de trabajar y deberían estar trabajando. Sabemos que eso no es así, y que por lo menos 526 mil ciudadanos del municipio libertador están condenados a los rigores de la informalidad. Sabemos que necesitamos al menos 20790 nuevos puestos de trabajo todos los años, unos 2500 establecimientos de mediana dimensión, y sin embargo, lo que hace el gobierno es dinamitar la confianza, arrebatar los empleos y arruinar empresas.
Los que conocen la realidad cotidiana de la parroquia Sucre del Municipio
Libertador saben de los problemas de aguas blancas y servidas, del tráfico, de la ausencia de una política mínima de urbanismo que consiga algo de orden, de sus déficit de escuelas, de sus graves problemas de seguridad. Sin embargo, no creemos que la intervención de la alcaldía intente resolver alguno de esos problemas. Probablemente se agravarán. Tampoco creemos que en esas medidas haya mediado la participación y la consulta. Estamos seguros que la ciudadanía aprecia los puestos de empleo privado y la convivencia con empresas que generan riqueza y bienestar. Estamos seguros que estas
medidas carentes de una visión urbanística integral, generan malestar y suspicacia en la población catiense.
La Cámara de Caracas hace un llamado a las autoridades competentes a que se apeguen estrictamente a la Constitución. Cualquier acto que se haga al margen de nuestra carta fundamental es írrito, y genera responsabilidad política y administrativa. La expropiación, según ella, es un acto bien fundamentado. Lamentablemente apreciamos que en la actualidad es el principio por el que se rigen las autoridades cada vez que intentan encarar un problema.
