El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), quienes presuntamente alteraban y borraban el historial de las empresas inscritas en ese organismo.
Esas cuatro personas fueron aprehendidas el pasado 20 de agosto en la sede principal del instituto, ubicado en la avenida Nueva Granada, municipio Libertador del Distrito Capital.
En la audiencia de presentación, los fiscales 55º nacional y 17º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Rivero y Jeannette Bernui, respectivamente, imputaron al los empleados de la Gerencia de Sistemas, el programador Néstor Douder (46) y el técnico David Uzcátegui (37); así como a la soporte administrativo Gladys Arquinzone (53) y al archivista Alonso Salas (33), estos últimos de la Gerencia de Tributos; por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso, expedición de certificación falsa, fraude electrónico y asociación para delinquir.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley de Delitos Informáticos y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
En ese sentido, una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 18° de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para las cuatro personas, y fijó como lugar de reclusión el Internado Judicial de Aragua, conocido como Tocorón, para los tres hombres; mientras que la mujer fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, estado Miranda.
De igual forma, la instancia judicial acordó la solicitud realizada por los fiscales del caso, consistente en la prohibición de enajenar y gravar los bienes y el aseguramiento de las cuentas bancarias de estos cuatro funcionarios.
De acuerdo con la investigación, el 06 de agosto funcionarios de la División de Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibieron una denuncia de presuntas irregularidades con los certificados de solvencia y el historial de algunas empresas que eran modificados, acciones que se realizaban en horas de la madrugada.
Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por los funcionarios del Cicpc, se logró aprehender a las cuatro personas durante una revisión efectuada en la sede de ese organismo ubicado en la avenida Nueva Granada.
En el procedimiento fueron encontrados varios certificados de solvencia en blanco, documentos que los empleados no pudieron justificar. Adicionalmente, fueron halladas varias carpetas con información de las empresas que presuntamente fueron modificadas, así como el programa de acceso al sistema de información del organismo en una computadora portátil personal.
Por tal motivo, Douder, Uzcategui, Arquinzone y Salas, fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
Esas cuatro personas fueron aprehendidas el pasado 20 de agosto en la sede principal del instituto, ubicado en la avenida Nueva Granada, municipio Libertador del Distrito Capital.
En la audiencia de presentación, los fiscales 55º nacional y 17º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Rivero y Jeannette Bernui, respectivamente, imputaron al los empleados de la Gerencia de Sistemas, el programador Néstor Douder (46) y el técnico David Uzcátegui (37); así como a la soporte administrativo Gladys Arquinzone (53) y al archivista Alonso Salas (33), estos últimos de la Gerencia de Tributos; por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso, expedición de certificación falsa, fraude electrónico y asociación para delinquir.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley de Delitos Informáticos y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
En ese sentido, una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 18° de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para las cuatro personas, y fijó como lugar de reclusión el Internado Judicial de Aragua, conocido como Tocorón, para los tres hombres; mientras que la mujer fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, estado Miranda.
De igual forma, la instancia judicial acordó la solicitud realizada por los fiscales del caso, consistente en la prohibición de enajenar y gravar los bienes y el aseguramiento de las cuentas bancarias de estos cuatro funcionarios.
De acuerdo con la investigación, el 06 de agosto funcionarios de la División de Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibieron una denuncia de presuntas irregularidades con los certificados de solvencia y el historial de algunas empresas que eran modificados, acciones que se realizaban en horas de la madrugada.
Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por los funcionarios del Cicpc, se logró aprehender a las cuatro personas durante una revisión efectuada en la sede de ese organismo ubicado en la avenida Nueva Granada.
En el procedimiento fueron encontrados varios certificados de solvencia en blanco, documentos que los empleados no pudieron justificar. Adicionalmente, fueron halladas varias carpetas con información de las empresas que presuntamente fueron modificadas, así como el programa de acceso al sistema de información del organismo en una computadora portátil personal.
Por tal motivo, Douder, Uzcategui, Arquinzone y Salas, fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
