Beatriz es salvadoreña pero también pudo ser Esperanza, una dominicana de 16 años que murió en agosto de 2012 en República Dominicana porque, aunque estaba
embarazada por una violación y enferma de leucemia, jamás pudo acceder a un aborto terapéutico que le salvara la vida, ya que las leyes de su país prohíben y penalizan todo tipo de aborto. O pudo ser Lucecita, de apenas 11 años, otra dominicana en el callejón del embarazo por violación.
En febrero de este año, Lucecita dio a luz a un bebé que pesó cuatro libras (1,8 kilos) y tampoco surtieron efecto los reclamos para que, por razones humanitarias elementales, se le interrumpiera el embarazo. La salud de la niña ahora está sensiblemente deteriorada.
Si Lucecita hubiera sido la hija de algún legislador, se habría evitado pasar por la crisis “de llevar a término un embarazo y solo cargaría con una violación”, lamentó la ginecóloga y defensora dominicana de los derechos femeninos, Liliam Fondeur, citada por
Hoy, diario digital de República Dominicana. Hundida en una pobreza material, Esperanza tampoco era hija de ningún poderoso.
“Nuestra legislación mantiene todavía en el Código Penal una prohibición total (del aborto), aunque peligre la vida de la madre”, dijo la dominicana Magaly Pineda, directora del
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), agrupación no estatal de Santo Domingo.
“Es una ley anacrónica y se ha mantenido fundamentalmente por las presiones de la Iglesia Católica”, ya que la dictadura de Rafael Trujillo, que gobernó de 1930 a 1961, firmó con la Santa Sede un Concordato, explicó Pineda a EL PAÍS. “Esa es una situación en la cual los políticos dominicanos en muchas ocasiones se han dejado presionar. Cuando ha habido cambios, la Iglesia Católica (dominicana) ha hecho campañas desde los púlpitos contra las políticas que apoyan una despenalización (del aborto) en ciertas causales, principalmente en las que peligre la vida de la madre”, añadió.
La dominicana Sergia Galván, directora de
Colectiva Mujer y Salud, organización no gubernamental de República Dominicana, declaró a este diario que “la incidencia de la jerarquía eclesial católica determina no solamente que no se despenalice el
aborto por causales de incesto, violación o peligro de la vida de la mujer, sino prohibir y limitar la educación sexual en las escuelas, el uso de métodos anticonceptivos o del condón”.
“Pese a que llevamos más de 15 años intentando modificar el Código Penal, las razones (para mantenerlo) tienen mucho que ver con la injerencia de la jerarquía eclesial católica en las decisiones políticas del Estado y en las políticas públicas. La ciudadanía (dominicana) en término general es favorable a la despenalización”, agregó, al citar encuestas internacionales que midieron el pulso de la opinión pública dominicana.
Secreto familiar
Los casos de Esperanza y de Lucecita- ahora en recuperación, aunque con la salud deteriorada- tuvieron impacto mediático. Galván confirmó que en el pasado reciente ha habido numerosos hechos similares de embarazos por violación o incesto y en los que, además por el riesgo en la salud de la madre, habría existido necesidad de aborto, pero se mantuvieron en secreto, por temores y discreción de las familias.
"Esperancita está en el cielo por la gracia de Dios. Es una mujer santificada, obligada al cumplimiento del orden estatal y de la Iglesia (Católica)”, escribió la dominicana Fátima Portorreal, activista de Foro Feminista, en un artículo que publicó en la página de Colectiva en Internet. “Los derechos civiles de las mujeres dominicanas se han perdido. El fundamentalismo de la cristiandad nos confronta y nuestros derechos de igualdad y legalidad”, sobre la razón y la justicia social, “son una sombra” y “el inquisidor postmoderno tiene la ley en sus manos. Resistan”, añadió.
En medio de una conmoción social en República Dominicana, Esperanza sucumbió,
a diferencia de Beatriz, la joven de 22 años a la que esta semana, y tras una larga batalla judicial, se le interrumpió su embarazo en El Salvador por riesgo de que muriera, ya que sufre de lupus y un agravado cuadro de salud, y porque el feto estaba descerebrado.
Pero todas ellas son
víctimas visibles del impacto en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana por la prohibición y criminalización del aborto terapéutico. Honduras prohíbe todo tipo de aborto. También está penalizado en Chile.
“Hay muchas Beatrices en Honduras pero no las conocemos, porque sus casos no salen a la luz pública, porque tenemos legislaciones restrictivas”, admitió la hondureña Regina Fonseca, coordinadora del programa de Derechos Reproductivos del Centro de Derechos de la Mujer, un ente no gubernamental de Tegucigalpa.
Fonseca alegó que “esta legalidad de nuestros países, a la que no le importa la vida de las mujeres, es patriarcal, misógina, fundamentalista, no nos sirve. Desde la ilegalidad seguramente
hay muchas Beatrices’que no culminan al extremo de Beatriz y no piden permiso. Es una legalidad que es una puerta al aborto clandestino. Eso es lo que estoy diciendo”.
Para reforzar su afirmación, reveló que estadísticas en su poder muestran que cerca de 23 mujeres salen todos los días de los hospitales hondureños, tras recibir auxilio porque se sometieron a abortos incompletos y practicados en centros ilegítimos. Del total de egresos anuales de los hospitales, el 36% es por embarazos y un promedio diario de 325 partos, informó.
“Las primeras tres causas de egreso (por embarazos) fueron, en orden descendente, parto único espontáneo sin otra especificación; parto único espontáneo de presentación cefálica; y aborto no especificado incompleto sin Complicación. Este último implica casi 9% de todos los egresos hospitalarios con un promedio de 23 egresos por aborto cada día”, precisó.
“No es posible conocer la naturaleza inducida o espontánea de dichos abortos ya que en el país toda forma de interrupción voluntaria de un embarazo está penalizada, lo que orilla a que ninguna mujer declare la naturaleza de los mismos”, subrayó la activista hondureña.
Circo oficial
El calvario de Beatriz también lo vivió, en noviembre de 2011, una niña nicaragüense de 12 años en Nicaragua que quedó encinta al ser violada por un desconocido y cuyo estado de salud se complicó al arribar a las 36 semanas de embarazo. Pese a la presión para que se le practicara un aborto terapéutico, porque su vida estaba en riesgo, la poderosa Rosario Murillo, esposa del presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, y gran jerarca del gobierno nicaragüense, se opuso a la interrupción. Murillo acusó a los que sugirieron aborto terapéutico de haber hecho “un circo del drama” de la niña, que logró dar a luz a un niño y salir, ambos, sanos y salvos del trance.
Los hechos de noviembre de 2011 remontaron a los sucesos de octubre de 2006: campaña electoral en Nicaragua mezclada con el sensible tema del aborto terapéutico, en un pacto político y religioso entre Ortega y el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el cardenal Miguel Obando y Bravo y su fuerte influencia interna, como parte de una estrategia electoral para ganar votos en ruta a la Presidencia de Nicaragua.
Despojado de sus viejos ropajes de guerrillero comunista y de gobernante que persiguió a obispos y a otros jerarcas católicos de Nicaragua durante la revolución sandinista, de 1979 a 1990, Ortega se montó con algunas de sus antiguas víctimas -como Obando y Bravo- en el carrusel del aborto terapéutico, para atraer votos y convertirse, a partir de 2007, en presidente de su país. Ortega triunfó en noviembre de 2006, retornó al poder en enero de 2007 y se reeligió en noviembre 2011.
Autorizado por la legislación penal de Nicaragua desde 1870 para salvaguardar la vida y la salud de la mujer y prohibido y penalizado a partir de octubre de 2006, el aborto terapéutico quedó en medio de un cisma político, pero con dramas como el de Amalia, una nicaragüense que murió en 2011 luego de que en 2009, estando embarazada y enferma de cáncer, se le negó un tratamiento que hubiera provocado la muerte del feto.
En una lucha internacional de activistas de derechos humanos, Amalia logró que se le autorizara a recibir el tratamiento y que el Estado accediera a otorgárselo. Aunque los médicos le garantizaron que el bebé sobreviviría a las medicinas que ella tomaba para atacar el cáncer, murió pocas horas después de nacer, en 2009, y a los dos años falleció la madre.
Tras casi siete años de vigencia de la prohibición, el acceso a cifras sobre casos de mujeres que murieron sin haber tenido un aborto terapéutico, “ha sido uno de los principales obstáculos que hemos tenido. El Estado tiene invisibilizado el fenómeno”, denunció Brenda Rojas, abogada del
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos(CENIDH).
“Le niegan la oportunidad a las mujeres de acceder a la salud”, reprochó. Si se cierran las rutas del aborto terapéutico, advirtió, se le abren a las del aborto clandestino.
EL PAIS
