El continente americano se puede dividir en tres bloques según su relación con el problema de las drogas. Al sur, varios de los mayores productores de drogas del mundo. En el centro, los países más castigados por los efectos del narcotráfico del mundo, con una violencia que los sitúa al borde de ser Estados fallidos. Y al norte, el mayor consumidor de drogas del mundo. Dada esta realidad, y en un continente con una sorprendente afición a las cumbres políticas, las drogas no habían sido nunca motivo de un debate de alto rango. Hasta esta semana. En la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua, Guatemala, no solo se ha discutido, mucho, sino que se ha logrado un consenso para seguir discutiendo. Ese es el verdadero éxito de un acuerdo de mínimos presentado el jueves por la noche como “histórico” sobre algo que antes, simplemente, no existía.
“Hemos tenido más acuerdo del que esperábamos”, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en una rueda de prensa pasadas las once y media de la noche en Antigua (siete de la mañana en Madrid).
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, impulsor de este debate desde hace un año, quiso destacara especialmente el último párrafo de la declaración final, en el que “se establecen mecanismos para el seguimiento de lo acordado”. Dos organismos de la OEA harán seguimiento de las ideas y experiencias de los países en materia de control de la demanda y salud. Además, Guatemala logró uno de sus principales objetivos, que se convoque una cumbre extraordinaria monográfica sobre el tema en 2014. Es decir, que la declaración final sobre las drogas contiene suficientes garantías para no ser una declaración histórica que no hace historia. Para el texto es una garantía de vida y para Pérez Molina un éxito que tendrá continuidad.
Insulza también animó a que el debate sea real. “Lo que viene ahora es más debate, más análisis, y luego decisiones”. “Esta decisión es para complementar políticas actuales con otras nuevas. En la asamblea extraordinaria sí podrían discutirse puntos más concretos”. Insulza se declaró ambicioso en este sentido y esperó que “en 2014 o 2015” los países de la OEA ya puedan debatir sobre experiencias concretas en políticas alternativas o complementarias a la represión. El objetivo es llevar el debate lo más rodado y perfilado posible a la asamblea de la ONU sobre el tema convocada en 2016.
El acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el miércoles, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera, verdadero muñidor de las negociaciones, había puesto titular al logro de la Asamblea: “Lo importante es que hemos roto el tabú del debate sobre la política de drogas. Hoy los Gobiernos ya podemos hablar de fracasos, de triunfos, de evaluación, de evidencias científicas, investigación sobre el tema”.
El miércoles por la tarde, tras anunciar un consenso “verbal” sobre el documento que debía aprobarse el jueves por la noche, Carrera, explicaba la trascendencia histórica de que algo aparentemente tan obvio se discuta abiertamente: “Hemos salido de esa situación de prohibición extraña del debate sobre las drogas. Todos los días debatimos la política de salud, la política de educación, la política municipal, monetaria… y no debatíamos la política de drogas”.
Los términos del acuerdo quedaron sentenciados por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, cuya mera presencia en el evento era ya considerada prueba del interés de este país en la reunión. “Sí, tenemos que fijarnos en la demanda”, dijo Kerry en rueda de prensa el miércoles. “Damos la bienvenida a una discusión sana”.
EE UU no era en esta reunión el país más cerrado a un acuerdo, pero sí uno donde es más delicado políticamente. De hecho, la despenalización de la marihuana en Colorado y Washington el año pasado fue citada como pasos decisivos que provocaron el debate. La posición, en términos muy pragmáticos, pide un equilibrio entre las políticas sociales para reducir la demanda como en el alcohol y el tabaco, y el mantenimiento de la represión.
El propio Insulza citó el jueves a estos dos Estados como ejemplo de políticas de despenalización y quiso establecer la diferencia entre esto y la legalización. “No veo muchos ánimos de legalización”, cerró, manteniendo el equilibrio que ha hecho posible el acuerdo. Insulza apuntó además que no veía la más mínima posibilidad a la despenalización de otra droga aparte de la marihuana.
El continente sigue, sin embargo, profundamente dividido en el enfoque de las drogas. Durante las intervenciones se escucharon abiertos apoyos a una vía de despenalización de las drogas de países con mucho peso específico como Colombia, así como posiciones de cerrazón radical, especialmente de los países de la órbita bolivariana del ALBA. Pero todos los países están de acuerdo en que “ninguno tiene el monopolio de lo que hay que hacer”, según dijo Kerry en un tono en el que algunos quisieron ver un reconocimiento de errores en su política. Sobre esa base se inicia una discusión.
El acuerdo queda lejos de las aspiraciones de ONG e instituciones que quisieron ver en esta reunión, alentadas por el empuje del país anfitrión, la oportunidad para cambiar de la noche a la mañana cuatro décadas de enfrentamiento criminal contra la producción, tráfico y consumo de drogas. Aunque Guatemala no habló nunca abiertamente de despenalización de las drogas, idea que en esta cumbre se disfraza diplomáticamente bajo el término “regulación de mercados”, está entre los países que hubieran deseado un paso decidido en esa dirección. El impulso del presidente Otto Pérez Molina le ha valido críticas de buscar réditos políticos a corto plazo.
En la rueda de prensa de clausura, el presidente de Guatemala volvió a repetir que “una alternativa puede ser la despenalización, pero es una de las alternativas”. En cualquier caso, descartó “decisiones unilaterales” en este sentido.
La Asamblea de la OEA también ha servido para aprobar convenciones contra el racismo y la discriminación. Esta segunda fue vista como una bienvenida a la aprobación del matrimonio gay, un tema muy controvertido en Latinoamérica y que provocó protestas a las afueras de la reunión y una intervención crítica del observador de la Santa Sede.
Las objeciones de Ecuador a una resolución sobre transparencia y datos personales alargaron el debate más de tres horas sobre el horario previsto. “Si hay que amanecer, amanecemos”, amenazó el canciller de Nicaragua ante el bloqueo de las negociaciones que apenas afectaban a un párrafo de la resolución. Los países del ALBA, en lo que parecía una estrategia coordinada, enredaron el debate alrededor de cuestiones técnicas de procedimiento.
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