El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, y los senadores John McCain (republicano) y Dianne Feinstein (demócrata) viajaron hoy a Guantánamo (Cuba), para conocer de primera mano la situación en la prisión y estudiar cómo cerrarla.
"Me dirijo a la cárcel de Guantánamo para analizar la situación con la senadora Feinstein y Denis McDonough", escribió en su cuenta de Twitter el senador McCain, apenas unas semanas después de que a finales de mayo el presidente Barack Obama presentase un nuevo plan para el cierre del penal.
McDonough, McCain y Feinstein, esta última presidenta del comité de Inteligencia del Senado, valorarán sobre el terreno qué pasos deben seguir la Casa Blanca y el Congreso "para lograr el objetivo del presidente de cerrar las instalaciones", indicó la portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Caitlin Hayden.
De los 166 presos que actualmente hay en Guantánamo, 86 han recibido ya el visto bueno para ser liberados.
En este momento 103 reclusos se encuentran en una huelga de hambre para denunciar su situación y 41 de ellos están siendo alimentados a la fuerza, según un comunicado dado a conocer el jueves por el Ejército estadounidense.
Esta huelga de hambre, que empezó a principios de año, ha disparado las alertas sobre las condiciones de la prisión, y obligó a Obama a pronunciarse de nuevo sobre el tema y sobre su promesa incumplida de cerrar el penal de Guantánamo realizada durante la campaña electoral de 2008.
Coincidiendo con el viaje de las autoridades al penal, hoy se concentraron alrededor de una decena de manifestantes ante la Casa Blanca, quienes sobreponiéndose a la intensa lluvia que cae en Washington reclamaron el cierre inmediato de la cárcel, algo que vienen haciendo cada viernes desde el inicio de la huelga de hambre.
"Pedimos una acción inmediata para enderezar las causas que han derivado en esta huelga de hambre: la detención injusta y la tortura. Si Obama quiere, puede ordenar hoy mismo que se libere a los 86 detenidos que han recibido el visto bueno", indicó a Efe Arthur Laffin, de la ONG Testigos Contra la Tortura.
EFE
