Tras numerosos intentos por llegar a un acuerdo sobre la reforma del Estado que permita establecer una coalición gubernamental, el actual responsable de las negociaciones, el socialista flamenco Johan Vande Lanotte, hará un nuevo intento el próximo lunes.
Vande Lanotte presentará al Rey Alberto II un informe que podría recibir el visto bueno de los partidos políticos el miércoles y servir como base de la reforma, indica hoy la prensa nacional.
El elemento clave de ese documento es una nueva Ley de Financiación -uno de los asuntos que hasta ahora han impedido un acuerdo- que ayudaría a redefinir el sistema federal belga, tal y como reclaman varias fuerzas.
La propuesta dejaría a cada región (Flandes, Bruselas Capital y Valonia) decidir el tipo del impuesto sobre las personas físicas, una vieja reclamación de Flandes, la zona con las rentas más altas.
Junto al modelo de financiación, la división del distrito electoral especial de Bruselas Halle Vilvoorde (BHV), que puede suponer para los francófonos de la periferia de la capital la pérdida de sus privilegios lingüísticos, son los principales escollos para alcanzar un acuerdo.
En contra de lo que esperaban los analistas, la crisis de Gobierno en Bélgica se alargó durante todo el semestre de presidencia belga de la UE y las decisiones tuvieron que ser adoptadas por un Ejecutivo en funciones, liderado por el primer ministro saliente, el democristiano Yves Leterme.
Menos optimistas, ahora aseguran que la creación del nuevo Gobierno sigue estando lejos, sobre todo por el desacuerdo existente entorno a la transferencia de competencias a las regiones.
El fragmentado panorama político ha complicado tradicionalmente la formación de Gobierno en Bélgica, pero la victoria en las elecciones de junio de los soberanistas del N-VA -partidarios de la independencia de Flandes- ha distanciado aún más a las comunidades flamenca y francófona.
El principal escollo hasta ahora siempre ha girado entorno a la organización del estado federal, una cuestión que en numerosas ocasiones ha necesitado más de 100 días para lograr los acuerdos necesarios.
Después de las elecciones de 2007 hubo que esperar 194, pero en 1987 ya fueron necesarios 148 días, en 1978 hicieron falta 106 y 103 en 1991.
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