Desde 2008, Jesús Aguilarte Gámez fue denunciado ante la Fiscalía General por hechos irregulares en la Gobernación de Apure. La Comisión Anticorrupción Popular apureña presentó un total de 23 expedientes ante el Ministerio Público sin que, hasta ahora, se hayan procesado.
Entre los casos están los Juegos Nacionales 2007, la contratación sin licitación de empresas para la construcción de vías; y el más reciente: el pago a cooperativas fantasma en el Programa de Alimentación Escolar Bolivariano, según actas y expedientes consignados en la Fiscalía General.
El ex jefe de la División de Distritos Escolares de Apure, Emilio Paravicini, señaló que la Gobernación era responsable de la construcción de una escuela de talentos deportivos, pero no cumplió. Por esta razón, parte de los atletas tuvieron que movilizarse a otros estados donde tenían la infraestructura adecuada. “En San Fernando desmantelaron el Polideportivo, los materiales fueron vendidos como chatarra y se dejó a la capital del estado sin un lugar para la recreación”.
En 2009, la entonces directora de la Zona Educativa denunció una presunta red de corrupción en el PAEB, pero para su sorpresa la Contraloría General no la procesó y ella fue despedida, como consta en la Gaceta Oficial No. 39272 del 25 de septiembre de ese año.
En el informe de 79 folios se reportaron pérdidas para la República por un monto cercano a 1 millón de bolívares por mala administración. A través del programa alimentario se beneficiaron cooperativas que entregaban alimentos vencidos e incumplían las fechas, como la Cooperativa Nazareno 574 que cobró facturas por 356.886 bolívares fuertes; la Cooperativa El Encanto que ofreció 602 comidas de mala calidad e infringió el cronograma de entrega. A la Cooperativa Cunavichero se le canceló sin que haya cumplido con su contraparte.
La Zona Educativa tenía registradas 63 cooperativas, que recibieron un total de 10.232.727,25 bolívares, reporta el informe. Palavicini denunció a altos funcionarios del Ministerio de Educación de formar “una red mafiosa de negocios con el PAEB junto a auditores internos, directores de líneas y viceministros”.
La Fiscalía General sí actuó en el expediente sobre desvío de fondos previstos en el Plan Reimpulso de la entidad llanera. El 10 de enero ordenó al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Apure capturar a Juan Carlos D´Elías, ex secretario de Aguilarte Gámez, por los supuestos delitos de peculado doloso y asociación (Ley Anticorrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada), según el oficio 04-F10-0004-10. La Contraloría regional declaró la responsabilidad administrativa de otros 51 funcionarios, entre ellos el diputado del PSUV, Jhonny Salguero.
Aguilarte Gámez renunció al cargo el pasado miércoles 9, luego que el presidente Hugo Chávez designó a Ramón Carrizález como secretario de gobierno regional, producto de la crisis socioeconómica que existía en el estado, donde los empleados llevaban cuatro meses sin cobrar salarios y protestaban casi a diario sin ser escuchados. Chávez reaccionó al tener información de que el militar retirado se casó en diciembre en una ceremonia fastuosa. Al encargarse de la entidad, Carrizález prometió auditar la administración y denunciar las irregularidades.
El militar retirado convocó ayer a una rueda de prensa en Maracay, donde según el teniente coronel Omar Rojas Balza, su último secretario privado presuntamente fue presionado para firmar la dimisión, reportó Notillano Plus.
Otro gobernador en la mira de Hugo Chávez y del PSUV es Marcos Díaz Orellana, quien compró al parecer una flota de aviones para la empresa Línea Aérea MIA sin autorización del Gobierno central, revelaron fuentes.
EL NACIONAL
Entre los casos están los Juegos Nacionales 2007, la contratación sin licitación de empresas para la construcción de vías; y el más reciente: el pago a cooperativas fantasma en el Programa de Alimentación Escolar Bolivariano, según actas y expedientes consignados en la Fiscalía General.
El ex jefe de la División de Distritos Escolares de Apure, Emilio Paravicini, señaló que la Gobernación era responsable de la construcción de una escuela de talentos deportivos, pero no cumplió. Por esta razón, parte de los atletas tuvieron que movilizarse a otros estados donde tenían la infraestructura adecuada. “En San Fernando desmantelaron el Polideportivo, los materiales fueron vendidos como chatarra y se dejó a la capital del estado sin un lugar para la recreación”.
En 2009, la entonces directora de la Zona Educativa denunció una presunta red de corrupción en el PAEB, pero para su sorpresa la Contraloría General no la procesó y ella fue despedida, como consta en la Gaceta Oficial No. 39272 del 25 de septiembre de ese año.
En el informe de 79 folios se reportaron pérdidas para la República por un monto cercano a 1 millón de bolívares por mala administración. A través del programa alimentario se beneficiaron cooperativas que entregaban alimentos vencidos e incumplían las fechas, como la Cooperativa Nazareno 574 que cobró facturas por 356.886 bolívares fuertes; la Cooperativa El Encanto que ofreció 602 comidas de mala calidad e infringió el cronograma de entrega. A la Cooperativa Cunavichero se le canceló sin que haya cumplido con su contraparte.
La Zona Educativa tenía registradas 63 cooperativas, que recibieron un total de 10.232.727,25 bolívares, reporta el informe. Palavicini denunció a altos funcionarios del Ministerio de Educación de formar “una red mafiosa de negocios con el PAEB junto a auditores internos, directores de líneas y viceministros”.
La Fiscalía General sí actuó en el expediente sobre desvío de fondos previstos en el Plan Reimpulso de la entidad llanera. El 10 de enero ordenó al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Apure capturar a Juan Carlos D´Elías, ex secretario de Aguilarte Gámez, por los supuestos delitos de peculado doloso y asociación (Ley Anticorrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada), según el oficio 04-F10-0004-10. La Contraloría regional declaró la responsabilidad administrativa de otros 51 funcionarios, entre ellos el diputado del PSUV, Jhonny Salguero.
Aguilarte Gámez renunció al cargo el pasado miércoles 9, luego que el presidente Hugo Chávez designó a Ramón Carrizález como secretario de gobierno regional, producto de la crisis socioeconómica que existía en el estado, donde los empleados llevaban cuatro meses sin cobrar salarios y protestaban casi a diario sin ser escuchados. Chávez reaccionó al tener información de que el militar retirado se casó en diciembre en una ceremonia fastuosa. Al encargarse de la entidad, Carrizález prometió auditar la administración y denunciar las irregularidades.
El militar retirado convocó ayer a una rueda de prensa en Maracay, donde según el teniente coronel Omar Rojas Balza, su último secretario privado presuntamente fue presionado para firmar la dimisión, reportó Notillano Plus.
Otro gobernador en la mira de Hugo Chávez y del PSUV es Marcos Díaz Orellana, quien compró al parecer una flota de aviones para la empresa Línea Aérea MIA sin autorización del Gobierno central, revelaron fuentes.
EL NACIONAL
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