La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) carece de competencia para revocar inhabilitaciones por casos de corrupción en Venezuela, como pretenden algunos opositores, advirtió hoy el Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián.
En los últimos días, el tema es centro de polémica, a partir de la reclamación ante la CIDH del opositor Leopoldo López, quien llevó a esa instancia su inhabilitación por dos años, luego de irregularidades como alcalde del municipio Chacao, estado Miranda (2000-2008).
El Contralor General de la República, en respuesta a la campaña mediática según la cual una supuesta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría las sanciones de inhabilitación impuestas por la Contraloría, aclaró que sobre las sanciones impuestas por el organismo contralor no decide la Corte Interamericana, sino el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Explicó que en 2008 y 2009 el TSJ señaló que las inhabilitaciones administrativas están dentro del marco constitucional y legal venezolano.
Aclaró que en el caso del ex alcalde Leopoldo López, así como de todos los venezolanos que han sido inhabilitados por el organismo contralor, no existe ninguna sanción de tipo político, sino que se trata de una sanción netamente administrativa.
"Es completamente falso que digan que se requiere una sanción penal para la inhabilitación, esas son inhabilitaciones de otro tipo, en las cuales se pierde la libertad y se pierden los derechos políticos".
Russián recordó la participación del exalcalde en el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez y la recepción de fondos ilegales para fundar un partido.
"Este ciudadano ha tenido participación política constante y permanentemente, votó el 26 de septiembre de 2010 y en oportunidades anteriores. Si alguien no puede invocar que le han violado derechos políticos es él, quien participó en un golpe de Estado, y el presidente Hugo Chávez le dio una amnistía, y esa sí es una medida política", aclaró el Contralor.
Corrupción en Chacao:
El exalcalde de Chacao, Leopoldo López, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Contraloría General de la República como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa por haberse concertado, en su condición de funcionario de PDVSA, con su progenitora, quien ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Públicos de la División Servicios de PDVSA Petróleo y Gas, S.A., para que le fuera otorgada una donación a favor de la Asociación Civil Primero Justicia, en la que el prenombrado ciudadano era miembro de la Junta Directiva.
Posteriormente, siendo alcalde del municipio Chacao, actuó de manera simulada al declarar una insubsistencia parcial (anulación de créditos por economía en los gastos o cuando un programa es de imposible ejecución) por la cantidad total de dos mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 2.743.464.041,57), los cuales no podía legalmente disponer toda vez que correspondían de pleno derecho a los aportes obligatorios a favor de la Alcaldía Metropolitana de Caracas para el ejercicio fiscal 2001.
-La inhabilitación quedó ratificada por el TSJ, por tanto su legalidad está demostrada, aunque no sorprendería que la CIDH, representante de los intereses de la derecha y la ultraderecha, falle a favor de López, apuntó Russián.
(CGR/PL/VTV)
En los últimos días, el tema es centro de polémica, a partir de la reclamación ante la CIDH del opositor Leopoldo López, quien llevó a esa instancia su inhabilitación por dos años, luego de irregularidades como alcalde del municipio Chacao, estado Miranda (2000-2008).
El Contralor General de la República, en respuesta a la campaña mediática según la cual una supuesta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría las sanciones de inhabilitación impuestas por la Contraloría, aclaró que sobre las sanciones impuestas por el organismo contralor no decide la Corte Interamericana, sino el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Explicó que en 2008 y 2009 el TSJ señaló que las inhabilitaciones administrativas están dentro del marco constitucional y legal venezolano.
Aclaró que en el caso del ex alcalde Leopoldo López, así como de todos los venezolanos que han sido inhabilitados por el organismo contralor, no existe ninguna sanción de tipo político, sino que se trata de una sanción netamente administrativa.
"Es completamente falso que digan que se requiere una sanción penal para la inhabilitación, esas son inhabilitaciones de otro tipo, en las cuales se pierde la libertad y se pierden los derechos políticos".
Russián recordó la participación del exalcalde en el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez y la recepción de fondos ilegales para fundar un partido.
"Este ciudadano ha tenido participación política constante y permanentemente, votó el 26 de septiembre de 2010 y en oportunidades anteriores. Si alguien no puede invocar que le han violado derechos políticos es él, quien participó en un golpe de Estado, y el presidente Hugo Chávez le dio una amnistía, y esa sí es una medida política", aclaró el Contralor.
Corrupción en Chacao:
El exalcalde de Chacao, Leopoldo López, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Contraloría General de la República como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa por haberse concertado, en su condición de funcionario de PDVSA, con su progenitora, quien ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Públicos de la División Servicios de PDVSA Petróleo y Gas, S.A., para que le fuera otorgada una donación a favor de la Asociación Civil Primero Justicia, en la que el prenombrado ciudadano era miembro de la Junta Directiva.
Posteriormente, siendo alcalde del municipio Chacao, actuó de manera simulada al declarar una insubsistencia parcial (anulación de créditos por economía en los gastos o cuando un programa es de imposible ejecución) por la cantidad total de dos mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 2.743.464.041,57), los cuales no podía legalmente disponer toda vez que correspondían de pleno derecho a los aportes obligatorios a favor de la Alcaldía Metropolitana de Caracas para el ejercicio fiscal 2001.
-La inhabilitación quedó ratificada por el TSJ, por tanto su legalidad está demostrada, aunque no sorprendería que la CIDH, representante de los intereses de la derecha y la ultraderecha, falle a favor de López, apuntó Russián.
(CGR/PL/VTV)
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