La Mesa de la Unidad Democrática se comprometió a encarar, en su próximo
gobierno, el problema de la violencia y la seguridad ciudadana de manera
integral. En este sentido, propuso impulsar una política nacional de
desarme y políticas preventivas; promover la prevención social y
comunitaria; sancionar los delitos; despolitizar el Ministerio Público y los
tribunales; y rescatar el sistema penitenciario.“Casi trece años de tragedias, luto, improvisación e indiferencia. Ese es el saldo que exhibe el Gobierno nacional en materia de seguridad ciudadana”, manifestó la Unidad en un comunicado, en el que aseguró que “nadie está a salvo” y que el Gobierno, en vez de combatir el problema, “se muestra apologético y se rehúsa a actuar”.
“Mientras asesinan a nuestra juventud, el Gobierno culpa a los medios. Mientras corre libre el malandraje, el Gobierno se muestra ambiguo y esquivo, absteniéndose de reprimir el delito y de hacer justicia para las víctimas y sus familiares. La impunidad hace sentir a los criminales guapos y apoyados, mientras el ciudadano de bien se autoimpone toques de queda y vive temeroso”, aseguraron en el documento.
La alianza de partidos democráticos rechazó que el Gobierno, en la figura del vicepresidente Elías Jaua, politice el problema “atacando a los gobernadores de la Unidad e ignorando la realidad nacional”. “El Presidente de la República ha dicho que el problema es ‘mundial’, aunque estamos más que seguros de que él y los suyos saben que la situación que vive Venezuela no es la norma en los países vecinos”, acotaron.
La Unidad destacó que en 1998 se registraron 4.550 delitos, y que diez años más tarde la cifra superó los 18.000. Hoy en día –señalaron– Venezuela, con casi 50 homicidios por cada cien mil habitantes, se ubica, según el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), a la cabeza de la región en lo que a violencia se refiere; al tiempo que el miedo se apodera de la vida de todos los ciudadanos, sin discriminación.
“Un ambiente en el que proliferan las armas de fuego ilegales en las calles de nuestras ciudades; donde se producen más de un millón de robos al año, según cifras oficiales; en el que el narcotráfico ha infiltrado las más altas esferas de poder, como demuestran los casos Makled y el de la Narcoavioneta, procedente de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota); sirve de telón de fondo a una problemática a la cual el Gobierno no ha ofrecido más que improvisación, indolencia y excusas”, lamentó la Unidad, al tiempo que condenó que más de 20 planes y 11 ministros de Interior hayan tenido un mismo resultado: “El hampa manda en las calles de Venezuela”.
Vía Unidad Venezuela
