El nuevo recorte exigido por la troika provoca fisuras en el Ejecutivo griego
El primer ministro griego, el conservador Antonis Samarás, ha hablado mucho más estos días con periodistas de medios de comunicación extranjeros —alemanes y franceses, sobre todo, en vísperas de su viaje a Berlín y París— que con sus dos socios de gobierno, el socialista Evánguelos Venizelos y Fotis Kuvelis, líder de Izquierda Democrática (Dimar, en sus siglas griegas). De hecho, el jefe del Ejecutivo se ha limitado este jueves a informar a estos telefónicamente de lo tratado la víspera con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y declinó reunirse personalmente con ellos “en un intento de evitar acontecimientos imprevistos”, según el diario Kathimerini.
Lo que puedan ser esos imprevistos queda a la imaginación de cada cual, pero la estabilidad del Gobierno —de mayoría tecnócrata, con una minoría insuficiente de Nueva Democracia, el partido de Samarás, apoyada en el Parlamento por socialistas y Dimar— hace semanas que muestra signos de fisura precisamente cuando debe acometer su tarea más apremiante: cuadrar un recorte de 11.500 millones —que podrían llegar a ser 13.500, según fuentes del Ministerio de Economía— para los dos próximos años. Si Atenas no presenta en septiembre a la troika el plan de ajuste, corre serio peligro el desembolso del siguiente tramo de la ayuda internacional, 31.000 millones de euros imprescindibles para evitar la insolvencia. Samarás ya ha advertido esta semana de que, sin ese dinero, el país quebrará en octubre.
Después de más de mes y medio de reuniones, Samarás y sus socios están cada día más lejos. Las medidas más espinosas del previsto ajuste son, entre otras, una nueva rebaja de las pensiones de jubilación—ya recortadas en febrero en un 15% de promedio—, la supresión de ayudas sociales y el pase a la reserva durante tres años de 40.000 funcionarios con el 65% de su salario base. El líder de Dimar ha rechazado abiertamente este último punto, mientras el socialista Venizelos se desmarcaba de la coalición el pasado 31 de julio presentando su propio programa de “recuperación económica”, el mantra que Samarás salmodiará sin descanso —y sin aparentes posibilidades de éxito— ante los dirigentes de Alemania y Francia, con quienes se reúne hoy viernes. Por lo demás Venizelos, que ha reiterado su oposición a recortar salarios y pensiones para no agravar la recesión, afronta una salvaje rebelión del veterano aparato de su partido, cuyo comité ejecutivo fue renovado ayer en un intento de zanjar la crisis en sus filas.
El quinto año consecutivo de recesión en Grecia —este año rondará el 7%— ha dejado un paisaje arrasado. Más de 1.200 empresas han cerrado en Salónica, la segunda ciudad del país, en los primeros siete meses del año. La patronal de las pymes prevé la quiebra de 190.000 negocios en 2012 y la pérdida de 260.000 puestos de trabajo. El desempleo, actualmente del 23%, ha aumentado un 88% desde mayo de 2010, fecha del primer rescate. En la actualidad, 3,8 millones de trabajadores —de una población de 11 millones— deben sostener con sus cuotas a 1,1 millones de parados y 3,4 millones de clases pasivas, según la estadística oficial. Así las cosas, el previsible recorte de pensiones y ayudas sociales es una línea roja que ni Venizelos ni Kuvelis están dispuestos a franquear; desde el inicio de la crisis, en 2009, los funcionarios y los pensionistas han perdido alrededor del 40% de su poder adquisitivo. El Ejecutivo busca por tanto fórmulas alternativas para dejar íntegras las pensiones inferiores a 700 euros, pero todas las posibilidades están sobre la mesa, especialmente si se confirma que los previstos 11.500 millones de recortes se convierten en 13.500.
El pasado lunes, el ministro de Economía, el tecnócrata Yanis Sturnaras, previno de que no se espere el anuncio de medidas concretas “hasta poco antes de la visita de la troika”, a primeros de septiembre. Pese al ruido acuciante de Berlín y Bruselas, que urgen a Atenas a definirse, todo parece indicar que la agonía de Grecia —y del euro— va a eternizarse.
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