Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), fueron condenados a ocho años de prisión el comisario jefe de la Brigada contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Anaco, estado Anzoátegui; y cinco funcionarios más, luego que éstos admitieran haber alterado actas en perjuicio de dos detenidos, el 09 de junio de 2010
Los fiscales 26° nacional y 5° de la mencionada jurisdicción, José Miguel Medina y María Martínez, respectivamente, presentaron los órganos de prueba contra el comisario jefe Antonio Manzanilla Acuña; y los funcionarios Anderson Acosta, Edis López, Emilio Prieto, Rafael Barreto y Héctor Martorelli, por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, concusión, acto falso por funcionario público, falsa atestación y obstrucción a la administración de justicia.
Dichos delitos están previstos y sancionados en las leyes Orgánica contra la Delincuencia Organizada, contra la Corrupción y en el Código Penal.
Antes del inicio del debate oral, los seis funcionarios admitieron su responsabilidad en el Tribunal 1° de Juicio de Anzoátegui, instancia que dictó la referida condena y fijó como sitio de reclusión la sede de la Policía de Anaco, mientras un Tribunal de Ejecución decide dónde cumplirán la pena.
La investigación se inició cuando familiares de dos detenidos denunciaron ante el MP que funcionarios de la referida Brigada del Cicpc, habían forjado y alterado las actas de entrevista, en las cuales se atribuían responsabilidades a dos hombres detenidos por el homicidio de un ciudadano ocurrido el 24 de mayo de 2010, en la población de Cantaura.
De acuerdo con la investigación, el 9 de junio de 2010, los funcionarios, habrían ocultado armas entre las pertenencias de dos personas que se encontraban en el sector Libertador de Cantaura, a fin de solicitarle la cantidad de 100 mil bolívares a cambio de su libertad.
Una vez que fue realizada la detención de los dos hombres, los funcionarios habrían levantado actas policiales con testigos falsos, quienes al ser ubicados, negaron su participación en el proceso de aprehensión.
En ese sentido, como parte de la investigación, se logró entrevistar a los presuntos testigos, a quienes se les realizaron muestras manuscritas y de huellas dactilares, experticias que determinaron que no habían firmado las actas.
Todo ello obligó a que fuese coordinada la detención de esos seis funcionarios en forma conjunta con la Dirección Regional del Cicpc de Anzoátegui, la cual fue materializada en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal 1° de Control de ese estado.
Cabe destacar que por este mismo caso, el pasado 15 de agosto fueron imputadas las exfiscales 14° y auxiliar del estado Anzoátegui, Gabriela Santana y Raquelita Herrera, respectivamente, quienes para la fecha del acto de imputación se encontraban activas dentro del Ministerio Público.
Los fiscales del caso imputaron a las dos exfuncionarias por la presunta comisión de los delitos concusión en grado de cómplice necesario y asociación para delinquir.
La audiencia se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía 5° de esa jurisdicción en materia contra la Corrupción, con sede en Puerto La Cruz.
