El Tribunal Superior de Nairobi aplazó hoy hasta el próximo 29 de octubre la decisión sobre si concede la libertad bajo fianza al exprimer secretario de la Embajada de Venezuela en Kenia, Dwight Sagaray, acusado del asesinato de la encargada de negocios de la legación de su país, Olga Fonseca. Sagaray compareció hoy, sin prestar ningún tipo de declaración, en una breve vista ante el tribunal, tras haber sido acusado formalmente el pasado 6 de agosto de la muerte de Fonseca, hallada sin vida por estrangulamiento el 27 de julio pasado. Estaba previsto que el juez Nicholas Ombija se pronunciase hoy sobre la solicitud de libertad bajo fianza hecha por los abogados del acusado, recluido actualmente en una cárcel de Nairobi tras retirársele su inmunidad diplomática. Sin embargo, Ombija alegó que el dictamen no estaba listo y convocó a las partes a una vista el próximo día 29, en la que se espera que divulgue su decisión. La representante de la Fiscalía, Tabitha Ouya, no acudió hoy a la sesión, una ausencia que la abogada de Sagaray en Kenia, Lyla Latif, interpretó, según dijo a Efe, como "una táctica para ganar tiempo". La abogada venezolana Yenibel Lugo, que también forma parte del equipo legal del exsecretario, expresó a Efe su preocupación por la nueva demora del proceso, y subrayó que "en el derecho se debe actuar bajo el principio de celeridad procesal". Sagaray fue arrestado el pasado 28 de julio, según la Policía keniana, aunque la defensa sostiene que, ya el día anterior, fue detenido contra su voluntad tras ser llamado a declarar ante la Policía Diplomática en la comisaría de Gigiri (norte de Nairobi). El 28 de julio, el acusado recibió un documento del Gobierno venezolano que declaraba su pasaporte diplomático "no válido", según la defensa, que considera ilegal la detención efectuada el día 27 porque, en su opinión, gozaba de inmunidad diplomática. La defensa considera, además, que la detención de Sagaray viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues el Gobierno venezolano no declara "expresamente" la retirada de la inmunidad diplomática, ni tampoco da un periodo razonable de tiempo para extinguir esa dispensa. La Fiscalía mantiene que el exsecretario "es un sospechoso clave" en la muerte de Fonseca, pese a que la defensa arguye la falta de "pruebas directas" contra su cliente, que ha negado los cargos. Entretanto, la Policía keniana busca a un amigo íntimo de Sagaray, Muhammed Ahmed Muhammed Hassan, que también afronta cargos por asesinato y está en paradero desconocido desde el pasado julio. Fonseca fue hallada muerta el 27 de julio en la residencia oficial de la Embajada en el lujoso barrio de Runda, en Nairobi. Los investigadores sospechan que la jefa de la misión venezolana pudo ser asesinada la noche del día anterior, el 26 de julio, tras dar una fiesta en su residencia. El suceso ocurrió después de que personal keniano de la residencia oficial venezolana presentara una queja ante la Unidad de la Policía Diplomática en Gigiri por haber sido supuestamente despedidos por Fonseca, según el diario keniano "Daily Nation". Esos empleados, siempre según la versión del rotativo, fueron supuestamente despedidos por negarse a retirar sus acusaciones de acoso sexual contra el antecesor de Fonseca, Gerardo Carrillo Silva. La jefa de misión -que también representaba a Venezuela ante las agencias de la ONU establecidas en Kenia y ante Uganda, Tanzania y Ruanda- había llegado a Nairobi el pasado 15 de julio para hacerse cargo de la legación del país latinoamericano.

El estado de Texas (EEUU) ejecutó a Jonathan Green por la muerte de una niña de 12 años en el 2000 y pese a que sus abogados recurrieron hasta el último momento la pena capital por considerarlo un enfermo mental, según medios locales.

Green, de 44 años, fue ejecutado con una inyección letal después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de última hora para que se detuviese la condena.

Finalmente, sus abogados no consiguieron que se revocara la sentencia de un tribunal que había invalidado una sentencia anterior, de comienzos de esta misma semana, que pedía la suspensión de la ejecución.

Green, que expiró poco después de las 23.00 hora local del miércoles (03.00 GMT del jueves), unos veinte minutos después de que se le administrara el pentobarbital, aseguró que era inocente antes de postrarse en la camilla.

El condenado fue declarado culpable del secuestro, violación y estrangulamiento de Christina Neal, una niña de 12 años, cuyo cadáver fue hallado en la casa del acusado un mes después de que se informara de su desaparición.

Green es el décimo ejecutado en Texas en lo que va de año.

EFE