El ginecólogo peruano Carlos Morín y su equipo médico han sido absueltos por un tribunal español del casi centenar de abortos ilegales de los que estaban acusados.
En la sentencia, notificada este jueves a las partes, la Audiencia de Barcelona considera que las interrupciones del embarazo por las que el médico afrontaba 270 años de cárcel están amparadas por la ley.
La Audiencia absuelve a Morín, a su esposa y otros nueve colaboradores de sus clínicas de Barcelona -a los que la Fiscalía acusaba de 89 abortos ilegales, además de asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo-, tras un largo proceso judicial por el que el ginecólogo permaneció dos meses en prisión preventiva.
La sala considera que los abortos denunciados por la Fiscalía quedan amparados por la ley aprobada en 2010, ya que o entraban dentro de las 14 semanas de gestación en las que la nueva legislación permite el aborto libre o comportaban riesgo de daños físicos o psíquicos para la madre o el feto.
El tribunal señala que los embarazos no superaban las 22 semanas de plazo máximo.
También dice que los abortos se llevaron a cabo "con el consentimiento y bajo petición expresa de las mujeres embarazadas y de sus representantes legales en el caso de las menores de edad, en centros habilitados y homologados, por ginecólogos titulados, atendidos por anestesistas también titulados".
SIGUE FIEL A SUS IDEAS
En declaraciones a Efe, el ginecólogo Carlos Morín dijo que se considera un "cabeza de turco", aunque celebró la sentencia absolutoria porque, a su parecer, supone una prueba de "lo que es la justicia en este país".
El médico, sin embargo, lamentó el perjuicio que le ha causado este proceso judicial, iniciado en el 2006: "Yo tenía unas empresas que ahora ya no tengo y vivía en Cataluña, donde ahora ya no vivo. Pero sigo fiel a mis ideas", añadió.
La Fiscalía, que pedía una condena de 270 años de prisión para Morín, estudia recurrir la sentencia, mientras que la acusación particular, ejercida por el grupo E-Cristians, ya ha anunciado que la impugnará ante el Tribunal Supremo español.
EFE
