El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, aseguró que el Gobierno no podrá cobrar todas las casas que ha dado, puesto que en los desarrollos de la Gran Misión Vivienda “no hay la documentación necesaria” para otorgar propiedad de acuerdo con los parámetros legales establecidos.
Y es que para cobrar una vivienda es necesario otorgar un documento de propiedad legítimo al culminar el pago. En el caso venezolano, lo legal entre las relaciones de compra-venta de un inmueble y la intermediación financiera es un crédito hipotecario que establece claras y definidas condiciones.
En un trabajo especial publicado en el portal web del diario La Verdad, la máxima autoridad de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela explica a continuación las razones técnicas por las que no se cobrará el 100% de las viviendas.
Cobrar una vivienda implica otorgar un documento de propiedad legítimo al culminar el pago. En el caso venezolano, lo legal entre las relaciones de compra-venta de un inmueble y la intermediación financiera es un crédito hipotecario que establece claras y definidas condiciones.Para cobrar deben existir documentos básicos y el beneficiario del inmueble, quien a su vez es beneficiario del crédito hipotecario, debe cumplir con establecidos requisitos. Igualmente, los desarrollos habitacionales deben apegarse al cumplimiento de algunos parámetros.Los desarrollos habitacionales de la Misión Vivienda “en algunos casos no cumplen con estas condiciones”, dice Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, por lo que estima que no se podrá cumplir al 100 por ciento con la orden del presidente Maduro: “No se podrán cobrar todas las casas”.¿Por qué?
Ni en todas las casas ni en todos los apartamentos construidos por la Misión Vivienda hay documentos de servicios públicos. En las adjudicaciones hay un certificado a nombre del beneficiario y en los desarrollos de clase media hay un documento de registro de asignación.Martini explica que en los edificios se debe tener un documento de condominio, base de la propiedad horizontal, así como certificados de apego a las normas de ingeniería, bomberos, sanidad y Ministerio del Ambiente.Frente a estas condiciones, la Cámara Inmobiliaria cree que el cobro de las casas“no se hará por la vía tradicional, pues no hay forma de hacerlo con las leyes actuales”.Para las casas, el documento de parcelamiento es esencial para suscripción a los servicios públicos, así como certificación de la culminación de la obra y constancia de que se cumplió con todas las variables de construcción. “Muchos de los desarrollos no tienen ni medidores de electricidad, por lo que no tienen un recibo. Al no contar con los documentos de tradición, se inhabilita la obtención de un documento de propiedad o solicitar préstamos a la banca para hipotecar”.Las Suvi
El programa Sustitución de Rancho por Vivienda (Suvi), que representa 50 por ciento de las 381 mil viviendas construidas por la misión, no contempla el cobro a sus propietarios, ya que esta modalidad es un cambio de la antigua vivienda o reubicación de familias en situación de riesgo.Lo vigente
Una vivienda de interés social tiene su precio fijado en Bs. 350 mil. El subsidio para adquirir esta vivienda es de 270 mil bolívares.
Las casas de la Misión Vivienda tienen precio máximo de Bs. 500 mil, ya que en la Ley de Estafa se prohíbe a los constructores públicos y privados vender por encima de Bs. 499 mil con 99.
Por Yrmana Almarza / La Verdad
