Facua-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, toda vez que considera que "no garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
En su denuncia, Facua advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.
Facua señala que, en su artículo 3.7, la directiva plantea que "los estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". Además, recuerda que en su artículo 3.8, la directiva establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas (...) para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general", destaca Facua.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explica que el Gobierno de España "no tiene implementada ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético".
Pobreza energética
Facua lamenta que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno (PP) "se negara recientemente a debatir la propuesta del grupo Izquierda Plural (que contaba con el apoyo del principal grupo de la oposición, el socialista), entre cuyos objetivos estaba evitar dichos cortes de suministro durante la estación invernal".
Asimismo, en su denuncia, Facua argumenta que "la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables" puesta en marcha por el Gobierno español ha sido el bono social "cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad".
Facua detalla que este bono social "sólo recoge el derecho de usuarios cuya potencia contratada no supere los 3,3 kW --perfil que reúne un escasísimo porcentaje de usuarios domésticos-- a recibir el suministro con una tarifa congelada vigente a mediados de 2009".
Explica que esta tarifa aplica una penalización si los usuarios consumen más de 500 kWh mensuales con el supuesto objetivo de evitar el derroche, "algo que carece de sentido ya que este consumo es superado de manera habitual por numerosas familias con un elevado número de miembros o en determinados periodos del año dadas las altas o bajas temperaturas", argumenta Facua en su denuncia a la Comisión.
Para la federación de consumidores, el bono social "deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella". "Muestra del fracaso del bono social es el escaso número de consumidores acogido a dicha medida y el aumento de usuarios que tienen dificultades en acceder y utilizar el suministro eléctrico en España", apostilla Facua.
Además, en la denuncia Facua explica que "el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales", un dato que "constata el avance de la pobreza energética en el país". Según la estadística de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, "es una situación que sufren al menos tres millones de hogares familiares en España".
Entre las rentas medianas, "el 12% de hogares que no conseguían temperatura adecuada en invierno en 2006 se ha convertido en 2013 en un 18 por ciento", mientras que en el caso de las rentas más bajas, "ha pasado del 20 por ciento hasta el 29 por ciento", detalla Facua.
La federación alerta de que, "según los datos aportados por Endesa e Iberdrola en 2012, entre las dos compañías realizaron 1,4 millones de cortes de luz por impago el año pasado en España, más del doble que antes de la crisis, pues en 2006 se registraron 600.000".
Según los análisis de Facua, "en la última década las tarifas han aumentado un 78 por ciento para el usuario medio, el precio del kW de potencia contratada ha subido un 119 por ciento, mientras que, en cuanto al kWh, el importe de la energía consumida ha aumentado un 69 por ciento".
"burda manipulación" del sistema
Facua denuncia que, "desde la gran estafa de la liberalización del sector, las tarifas han aumentado de manera desproporcionada debido al sistema utilizado por el Gobierno de España para su fijación, basado en buena parte en una subasta en el mercado de la generación".
Precisa que este sistema ha sido acusado de "burda manipulación" por el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, y viene siendo investigada desde hace años por la CNMC. "Lo cierto es que, exista o no pacto en la subasta, el sistema no provoca precisamente la competencia entre operadores", denuncia Facua en su misiva.
Facua plantea que las declaraciones del presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, en las que defiende que "no tiene sentido" desvelar el coste real de la generacióneléctrica ponen de manifiesto que la subasta no es más que un instrumento con el que las eléctricas pueden especular sin ningún tipo de limitación con las tarifas que acaban repercutiendo a las familias.
Además, considera que este sistema de fijación de precios "es claramente anticompetitivo y atenta contra los intereses de los consumidores, por lo que debe ser sustituido por otro, esto es, una tarifa regulada por el Gobierno que proteja a todos los consumidores domésticos, ya que todos pueden considerarse consumidores vulnerables ante un mercado que se niega a competir y juega a la especulación".
Considera que dentro de esta tarifa regulada "será necesario fijar una modalidad especial orientada a perfiles de usuarios con bajos niveles de renta, de manera que se garantice su acceso a este servicio esencial".
Facua ha puesto en marcha una serie de medidas de movilización social contra las subidas de la luz, entre las cuales se destaca un apagón de una hora el próximo lunes 30 de diciembre a las 19,00 horas. Bajo el lema '#apagón30D', Facua reclama al Gobierno una nueva regulación tarifaria que "deje de basarse en la subasta del mercado de la generación, una auditoría sobre el déficit de tarifa y que prohíba a la eléctricas cortar la luz por impago a las familias durante el invierno".
EL PAIS
