El Senado boliviano aprobó este jueves el nuevo código para proteger a niños, niñas y adolescentes, una norma que permite el trabajo infantil a partir de los diez años en caso de que el menor trabaje por cuenta propia, entre otros aspectos.
La norma fue analizada en detalle por los senadores durante esta jornada y, tras su revisión y aprobación, fue devuelta a la Cámara de Diputados para una nueva revisión en esa instancia por algunos cambios introducidos, dijo a Efe el senador Luis Pedraza, de la fuerza opositora Convergencia Nacional.
Según Pedraza, el trabajo infantil fue uno de los aspectos modificados en el texto, a solicitud de niños y adolescentes trabajadores que protestaron porque el proyecto aprobado en la Cámara baja estableció como edad mínima para trabajar los 14 años.
Estos menores realizaron marchas de protesta a fines de 2013, cuando la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados, para exigir a los parlamentarios que se respete su "derecho al trabajo", al alegar que es su forma de subsistencia y que deben ayudar a sus padres porque viven en condiciones de pobreza.
Tras meses de análisis y debate, el Senado finalmente decidió autorizar el trabajo infantil a partir de los diez años de edad, pero solamente en caso de que el menor trabaje "por cuenta propia, es decir que no dependa de un empleador", explicó Pedraza.
El senador agregó que se permite el trabajo infantil a partir de los 14 años cuando exista una relación de dependencia con un empleador y que, en esa situación, los menores trabajadores deben percibir el mismo salario y gozar de los mismos beneficios sociales que un adulto.
El documento también establece que los empleadores deberán otorgar dos horas diarias con remuneración a los menores trabajadores para que estudien.
Pedraza indicó que, independientemente de su edad, los niños y adolescentes trabajadores requerirán una autorización especial que será otorgada por "una entidad que será creada para el efecto y dependerá del Ministerio de Trabajo".
En diciembre pasado, tras reunirse con un grupo de niños y adolescentes trabajadores, el presidente Evo Morales defendió el trabajo infantil y consideró que no debería eliminarse porque crea "conciencia social", pero pidió controlar que no haya explotación.
Según cifras difundidas entonces por la Defensoría del Pueblo, en Bolivia hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, de los que el 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia.
De acuerdo con otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 2,5 % de los niños que trabajan lo hace porque viven en condiciones de pobreza.
En la sesión de este jueves en el Senado estuvieron presentes delegados de la Unión Nacional de Niñas y Niños trabajadores, para verificar que sus sugerencias sean incluidas en el nuevo código de protección a los menores.
La nueva norma también disminuye de 16 a 14 años la edad para la imputabilidad penal, un aspecto que fue cuestionado por el senador Pedraza y también por la Defensoría del Pueblo.
Pedraza dijo que en otros países se ha visto que "no por endurecer las penas ni por bajar la edad de imputación han bajado los índices de delincuencia", por lo que opinó que se requerirá de medidas adicionales para "no criminalizar a niños cada vez menores".
Entretanto, la Defensoría expresó en un comunicado su "gran preocupación" al respecto porque esta decisión muestra "un retroceso incomprensible y muy grave en relación a los derechos humanos en el mundo" y que se estaría privilegiando "la sanción antes que la prevención".
La norma fue analizada en detalle por los senadores durante esta jornada y, tras su revisión y aprobación, fue devuelta a la Cámara de Diputados para una nueva revisión en esa instancia por algunos cambios introducidos, dijo a Efe el senador Luis Pedraza, de la fuerza opositora Convergencia Nacional.
Según Pedraza, el trabajo infantil fue uno de los aspectos modificados en el texto, a solicitud de niños y adolescentes trabajadores que protestaron porque el proyecto aprobado en la Cámara baja estableció como edad mínima para trabajar los 14 años.
Estos menores realizaron marchas de protesta a fines de 2013, cuando la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados, para exigir a los parlamentarios que se respete su "derecho al trabajo", al alegar que es su forma de subsistencia y que deben ayudar a sus padres porque viven en condiciones de pobreza.
Tras meses de análisis y debate, el Senado finalmente decidió autorizar el trabajo infantil a partir de los diez años de edad, pero solamente en caso de que el menor trabaje "por cuenta propia, es decir que no dependa de un empleador", explicó Pedraza.
El senador agregó que se permite el trabajo infantil a partir de los 14 años cuando exista una relación de dependencia con un empleador y que, en esa situación, los menores trabajadores deben percibir el mismo salario y gozar de los mismos beneficios sociales que un adulto.
El documento también establece que los empleadores deberán otorgar dos horas diarias con remuneración a los menores trabajadores para que estudien.
Pedraza indicó que, independientemente de su edad, los niños y adolescentes trabajadores requerirán una autorización especial que será otorgada por "una entidad que será creada para el efecto y dependerá del Ministerio de Trabajo".
En diciembre pasado, tras reunirse con un grupo de niños y adolescentes trabajadores, el presidente Evo Morales defendió el trabajo infantil y consideró que no debería eliminarse porque crea "conciencia social", pero pidió controlar que no haya explotación.
Según cifras difundidas entonces por la Defensoría del Pueblo, en Bolivia hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, de los que el 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia.
De acuerdo con otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 2,5 % de los niños que trabajan lo hace porque viven en condiciones de pobreza.
En la sesión de este jueves en el Senado estuvieron presentes delegados de la Unión Nacional de Niñas y Niños trabajadores, para verificar que sus sugerencias sean incluidas en el nuevo código de protección a los menores.
La nueva norma también disminuye de 16 a 14 años la edad para la imputabilidad penal, un aspecto que fue cuestionado por el senador Pedraza y también por la Defensoría del Pueblo.
Pedraza dijo que en otros países se ha visto que "no por endurecer las penas ni por bajar la edad de imputación han bajado los índices de delincuencia", por lo que opinó que se requerirá de medidas adicionales para "no criminalizar a niños cada vez menores".
Entretanto, la Defensoría expresó en un comunicado su "gran preocupación" al respecto porque esta decisión muestra "un retroceso incomprensible y muy grave en relación a los derechos humanos en el mundo" y que se estaría privilegiando "la sanción antes que la prevención".
EFE
