Omar García es un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, en México que asegura haber estado presente en el momento en e que se llevaron a sus 43 compañeros, además acusa directamente al Ejército mexicano de estar involucrado en este hecho.
García se ha convertido en líder visible de las protestas e investigaciones correspondientes con los 42 normalistas que siguen sin aparecer, y está consiente que él, pudiera ser el número 44 de la lista.
Tras perder la vista del ojo izquierdo después de un enfrentamiento con militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala, García no tiene duda que la línea de investigación por el crimen de Estado de Ayotzinapa pasa necesariamente por el Ejército.
“Queríamos demostrar que entraríamos. Muchos dirán que estamos locos, que esa fue una acción arriesgada, pero no hay locura en esto, estamos demostrando que vamos en serio y que queremos entrar a los cuarteles para encontrar a nuestros compañeros. Y lo vamos a hacer”, destacó.
“Pudo habernos irnos peor. Sabíamos que ir a un cuartel militar no era cualquier cosa. Pero desde hace dos meses estamos insistiendo que se abra una línea de investigación al Ejército por su participación en la desaparición forzada de mis compañeros, de la cual soy testigo, como otros más que pueden confirmar la versión”, relató el joven en una entrevista concedida al diario La Jornada de México.El lunes 12 de enero, el golpe seco de una pedrada le provocó un ligero mareo; luego, con la vista nublada fue sintiendo un intenso dolor. La sangre corría por su rostro y lo llevaron a urgencias, junto a otros padres que también resultaron heridos.
Según García, la reacción del gobierno fue anunciar la posibilidad de que los padres entraran a los cuarteles militares, pero después, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que sólo se permitiría la entrada al de Iguala.
“Nosotros no somos tontos. Si tuvieron a nuestros compañeros en algún momento en el cuartel militar de Iguala, como lo demuestran algunos teléfonos celulares de mis compañeros, es obvio que ya los sacaron de allí. Eso lo sabemos”.
Omar García toma como punto de partida la localización que los familiares de los normalistas recibieron a través de sus celulares, como el caso de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, quien señala que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
“En algún momento les tienen que haber quitado los celulares y en ese momento deben saber si se los llevaron juntos o los dividieron. Nosotros tenemos varios celulares de compañeros que nos indican que estuvieron en el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.El joven denuncia que localización de los celulares no ha sido investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), a tres meses y medio del hecho, algo que les sorprende: “Es una línea de investigación que no han tomado en cuenta. Existe la geolocalización y la retención de datos. Cada llamada y cada mensaje están registrados y las empresas de telecomunicaciones tienen el deber de guardar esos datos durante dos años”.
Para Omar García no sólo esto resulta sospechoso, sino también el tiempo que tardó la PGR en reaccionar sobre el caso Ayotzinapa: Se tardó 10 días. Tuvieron mucho tiempo para armar un gran teatro.
“El Ejército pudo movilizar a la gente hacia donde se le haya antojado, como al Campo Militar Número Uno y otros lugares donde se sabe que se ha torturado y encarcelado a gente que desaparece. Sabemos de vuelos de la muerte, de presos políticos, incluso hay ex guerrilleros que lo demuestran, porque estuvieron en esas prisiones y manifiestan que los militares se dedicaban a desaparecer gente. Además de los asesinos a sueldo que el gobierno tiene por donde quiera”, añade García.
Omar exige, junto con los padres de los normalistas, una investigación profunda al Ejército en el caso Ayotzinapa, un crimen de Estado, dice, perfectamente planeado, y no están dispuestos a aceptar la última decisión del gobierno, que asegura haber agotado las líneas de investigación para aparentemente cerrar el caso y olvidar el asunto.
Con información de La Jornada
