Las comunidades indígenas de la selva norte de Perú, que han tomado 14 pozos operados por la argentina Pluspetrol, reiteraron hoy su demanda de que la empresa petrolera reconozca sus derechos sobre la tierra como condición para reanudar el diálogo entre ambas partes y levantar la protesta.
En rueda de prensa, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), Carlos Sandi, informó que el próximo martes habrá una reunión de la mesa de diálogo con Pluspetrol, que fue suspendida esta semana "porque la empresa no quiso reconocer nuestros derechos sobre la tierra".
El diálogo debe dar paso a un acuerdo de consenso en el caso de que "Pluspetrol reconozca nuestros derechos de compensación por el uso de las tierras", precisó Sandi.
El dirigente indígena, que representa a 36 comunidades de la cuenca del río Corrientes, señaló que actualmente hay 400 personas movilizadas desde hace 11 días en la base petrolera de Jibarito, donde se encuentran los 14 pozos tomados.
Sandi dijo que el representante de Pluspetrol, Alfredo Zuñiga, en las reuniones que sostuvieron el domingo y lunes últimos en la localidad de Dorissa reconoció que la comunidad de Pampa Hermosa, la que encabeza la protesta, está dentro de su área de influencia, pero que no tenía el mandato de la gerencia para considerarlo en la agenda de las discusiones.
"La empresa busca enfrentar al pueblo indígena, es parte de su estrategia", añadió Sandi al explicar por qué Pluspetrol tiene convenios con algunas comunidades y aparentemente excluye a otras.
Un comunicado de Pluspetrol informó hoy que ha invertido más de 2.000 millones de soles (666 millones de dólares) en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidad social, tras haber detectado 100 sitios afectados por actividades petroleras anteriores a sus operaciones en la zona.
Pluspetrol agregó que respalda y comparte todos los esfuerzos para atender las demandas de las comunidades nativas para recuperar y proteger sus tierras, y "se suma al llamado para lograrlo dentro de un clima de armonía y cooperación".
Cuatro cuencas de los ríos amazónicos de Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza reclaman al Estado peruano y a la empresa Pluspetrol que reconozcan sus derechos al territorio (mediante la titulación), la remediación de las zonas afectadas por la explotación petrolera, una compensación por el uso de los territorios, una indemnización por daños y una evaluación ambiental.
El presidente de las comunidades del río Marañón, Alfonso López, explicó que la posición de los nativos "no es de querer dinero, nuestros derechos no son negociables, nuestra vida es un derecho no negociable y no tiene precio".
López remarcó que "es una responsabilidad de las empresas petroleras (dar) la compensación por el uso de las tierras y las canteras", pero que el Estado ha permitido que las compañías incumplan, a pesar del daño al ecosistema y a la salud de los pobladores.
"Necesitamos que se firme, al más alto nivel, los compromisos que van a ejecutar", apuntó López, que representa a 57 comunidades nativas.
El Estado peruano ha declarado esas cuencas en emergencia sanitaria por la presencia de metales pesados en el agua y la tierra, y estableció una mesa de diálogo pero en tres años no ha resuelto con acciones concretas, se quejaron los representantes.
A su turno, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Henderson Rengifo, informó que las operaciones petroleras en las cuatro cuencas amazónicas producen 13.000 barriles diarios de petróleo y planteó que los ingresos por el 10 % de esa producción se destine a las comunidades indígenas para atender la salud ambiental.
Asimismo, Rengifo exigió al Congreso peruano que amplíe las normas para permitir la titulación de tierras de 1.166 comunidades en la amazonía, donde no sólo hay explotación de hidrocarburos, sino también minería y explotación forestal.
