El Gobierno de Ecuador ofrece un bono para financiar hogares temporales para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 16 de abril y sacarlos de los albergues oficiales y refugios improvisados donde se concentran más de 70.000 personas. El pago de esta prestación, que se inició el pasado jueves en Portoviejo, una de las zonas afectadas, es para la persona que acoja en su vivienda o alquile un espacio físico a aquellos que han perdido sus viviendas a causa del seísmo o sus réplicas. Inicialmente se pagará a 300 familias que acojan o alquilen, según la información del Ministerio de Inclusión Social y Económica.
Para acceder a estos beneficios las familias damnificadas deben constar en el Registro Único de Damnificados (RUD), que hasta el momento tiene 7.500 familias registradas, pero los datos se siguen actualizando porque las réplicas del pasado 18 de mayo incrementaron el número de afectados. Los desembolsos se harán a través de los 427 puntos que pagan actualmente el Bono de Desarrollo Humano, una cuota de 50 dólares a la que accede una parte de la población presentando la cédula de identidad.El bono de acogida asciende a 150 dólares porque incluye el pago por los servicios básicos, y el de alquiler que es de 135 dólares. Ambos durarán seis meses y serán financiados con un crédito reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, según la ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea. En ambos casos la familia damnificada recibirá un bono de alimentación de 100 dólares durante tres meses que será financiado por el Programa Mundial de Alimentos.
El plan del Gobierno es que, tras este periodo de ayudas, las personas desplazadas puedan construir sus hogares definitivos, para lo que se están desarrollando bonos de vivienda que también se financiarán con los fondos del BID, que ha abierto una línea de crédito de contingencia de 300 millones de dólares. El anuncio de la Vicepresidencia, que lidera la reconstrucción de las zonas afectadas, es que se entregarán entre 4.000 y 10.000 dólares a los dueños de las viviendas dañadas parcial o totalmente. A cambio de la ayuda deben hacer un copago del 10% que se diferirá hasta en 36 meses, con un año de gracia. Además, si en la familia hay alguna persona con discapacidad, el Estado asignará 1.200 dólares adicionales para adaptar la vivienda.
Los anuncios gubernamentales han sido bien recibidos en los albergues y refugios, pero falta la concreción. Además de Portoviejo, donde ya se está pagando, hay por lo menos 10 municipios afectados en la costa ecuatoriana. En Pedernales, donde el 95% de sus edificaciones sufrieron daños, simplemente es imposible encontrar viviendas para alquilar. Las personas que quieran optar por los bonos de acogida o alquiler y alimentación deberían salir a otra ciudad y no todos están dispuestos.
Marlene Napo y su familia, que se acomodaron junto con otras seis familias en la capilla Sagrado Corazón del barrio de Nalpe, dice que están informados de los incentivos, pero no hay quien los acoja. “Aquí todo está destruido y ni yo ni mi esposo ni mis hijos queremos irnos lejos”, dice Marlene y añade que la tierra sigue temblando y que no quieren estar dentro de ninguna construcción. “Preferimos hacer una ramada [refugio con ramas] donde no haya nada que nos caiga encima”.
La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, en una entrevista con el diario El Comercio dijo: “No podemos garantizar trabajo para todos. El Comité de Reconstrucción ha pedido que se dé prioridad a la gente de las zonas afectadas”. De momento lo único concreto es que Ban Ecuador, antiguo Banco de Fomento, están concediendo préstamos de hasta 20.000 dólares para las familias que quieren emprender pequeños negocios. EP
