Cuando llegó a la frontera de Estados Unidos con su hija de 12 años, a mediados de marzo, E.G.S. pensó que había cerrado, por fin, la puerta del infierno del que huyó enEl Salvador. Se creyó a salvo de los miembros de la mara que habían asesinado a su cuñado poco después de haber sido deportado de EE UU, y que la violaron y extorsionaron repetidamente. Y pensó que había puesto a resguardo a su hija, a quien los mareros amenazaban con hacerle lo mismo que a ella y a la que habían empezado a acosar a la salida de su escuela. La orden de deportación inminente que pende ahora sobre ambas es mucho más que el fin de su intento de buscar una vida mejor. Es, afirma, una sentencia de muerte.
“A mi regreso imagino que cumplirían con su amenaza. A una vecina le cumplieron, ella denunció que le habían robado y en tres días la mandaron matar. Ese es el temor mío”, dice E.G.S. Por miedo no se atreve a dar ni su nombre. Habla por teléfono desde el centro de detención de Karnes, Texas, donde aguarda junto a su hija su destino. Su experiencia no es única. “Lo que ella ha sufrido es, desafortunadamente, muy común. Lo escuchamos de muchas mujeres y niños que han recibido amenazas de bandas, que son amenazados con agresiones sexuales o incluso con la muerte”, asegura Manoj Govindaiah, abogado de Raíces, una organización que ofrece asesoría legal a inmigrantes y refugiados en Texas.
“El Gobierno no quiere reconocer que las madres y niños priorizados en estas oleadas de deportación son, como los refugiados sirios, gente que sencillamente tiene que elegir entre la vida y la muerte. Buscan refugio en EE UU de la espantosa violencia de la que huyen”, denuncia Marialena Hincapié, directora del National Immigration Law Center. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido una medida cautelar a favor de E.G.S. y de su hija en la que insta a EE UU a detener su deportación, recuerda en su resolución que la violencia que se vive en el Triángulo Norte centroamericano ha dejado una cifra de muertos “mayor que la que sufren cuatro países africanos bajo la amenaza de Boko Haram o que la de Somalia, Libia y Sudán Sur juntos”.El Gobierno de Barack Obama ha anunciado que en las próximas semanasiniciará una nueva oleada de redadas y deportaciones de indocumentados centroamericanos llegados después de enero de 2014. Ese es el año en que empezaron a llegar, por decenas de miles, menores no acompañados y madres con sus hijos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. El hecho de que se vaya a priorizar la deportación de madres y menores como E.G.S. y su hija, ha vuelto a provocar una oleada indignación entre los que acusan a la Casa Blanca —desde organizaciones a legisladores demócratas— de tener un “prejuicio hemisférico” que le lleva a tratar con más dureza a los inmigrantes centroamericanos que a otros grupos de refugiados.
Según Hincapié, para el Gobierno es más fácil considerarlos inmigrantes económicos, porque eso facilita la decisión de deportarlos. Pero las cifras y las historias cuentan otra cosa, afirma Michelle Brané, directora de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Hemos visto un cambio dramático en la demografía de los que vienen: hay un descenso significativo de la migración económica, pero a la vez hay un aumento de las mujeres y niños que buscan asilo. Está muy claro que hay un alto porcentaje de gente que busca protección”. En El Salvador, E.G.S. tenía un puesto de comida y también vendía bisutería a domicilio. No era mucho pero sí lo suficiente para vivir. De no haber sido amenazadas ella y su hija no habría dejado su ciudad, donde se quedaron su marido y otros dos niños más pequeños porque “no alcanzó el dinero” para que el coyote que contrató los llevara a todos hasta la frontera estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de implementar la política migratoria de Obama, afirma que solo detendrá a aquellos a los que “un tribunal migratorio ha ordenado deportar y que no tienen pendiente ninguna solicitud de asilo o de alivio humanitario previsto en la legislación estadounidense”. Pero las cosas no son tan sencillas, advierte Govindaiah.
Para estos expertos, tras la nueva oleada de redadas, que sigue a otra enero, lo que Washington persigue es un efecto disuasorio ante la llegada de indocumentados. Pero la eficacia de esta medida, dicen, es más que dudosa. “Cuando vives en una casa en llamas, cerrar las puertas y ventanas no va a impedir que la gente trate de salir”, advierte Brané.Todo el proceso para ser aceptado como refugiado “es tan extremadamente intrincado y difícil, y además en inglés, que es muy fácil que alguien no lo entienda ni sepa cómo navegar por él”, explica. Sobre todo si no disfruta desde el primer momento de asesoría legal, como sucede en tantos casos. EP
