La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez aseguró que fue "oportuna" la intervención por parte del Gobierno Nacional en las inmobiliarias y constructoras que tenían obras inconclusas. “Puede existir la posibilidad de que una empresa privada viole derechos humanos y el Estado debe intervenir para restituir el derecho amenazado, en este caso, el derecho a la vivienda”, dijo.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo muy oportunamente ofreció a los afectados recursos adicionales para que pudieran culminar sus viviendas.
"La Defensoría está de parte del Pueblo que fue timado por las empresas constructoras", agregó.
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