La plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas entre los días 3 y 4 de diciembre pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), al solicitar 10.000 euros (unos 13.000 dólares) por "daño moral" para cada uno de los perjudicados.
Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta plataforma integrada por más de 5.000 afectados, explicó hoy que se va a reclamar por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite va a tener lugar a lo largo del mes de enero.
El cierre del espacio aéreo español se debió al abandono sin previo aviso de sus puestos de trabajo de los controladores aéreos, después de que el Gobierno aprobara una nueva reglamentación de sus horarios laborales.
El paro masivo de los controladores, que llevó al Gobierno a decretar por primera vez en la democracia el "estado de alarma", dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros en España.
Cremades señaló que la cantidad de 13.000 dólares es un baremo estándar realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo.
Matizó que esa cifra "va más allá" de la cantidad que tiene AENA (el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles,) prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros (casi 800 dólares).
Esta reclamación va directamente contra AENA por ser la garante de dar un servicio público que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Asimismo, la idea es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra en el futuro contra los controladores, por la vía penal.
El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, ya anunció que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores aéreos que hace una semana abandonaron sus puestos de trabajo.
Entre los más de 5.000 afectados que forman la plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como su representante ante la administración, se encuentran particulares, en un 97 por ciento, pero también hay asociaciones hoteleras y líneas aéreas, en el 3 por ciento restante, aunque no quisieron adelantar ningún nombre.
Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta plataforma integrada por más de 5.000 afectados, explicó hoy que se va a reclamar por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite va a tener lugar a lo largo del mes de enero.
El cierre del espacio aéreo español se debió al abandono sin previo aviso de sus puestos de trabajo de los controladores aéreos, después de que el Gobierno aprobara una nueva reglamentación de sus horarios laborales.
El paro masivo de los controladores, que llevó al Gobierno a decretar por primera vez en la democracia el "estado de alarma", dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros en España.
Cremades señaló que la cantidad de 13.000 dólares es un baremo estándar realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo.
Matizó que esa cifra "va más allá" de la cantidad que tiene AENA (el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles,) prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros (casi 800 dólares).
Esta reclamación va directamente contra AENA por ser la garante de dar un servicio público que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Asimismo, la idea es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra en el futuro contra los controladores, por la vía penal.
El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, ya anunció que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores aéreos que hace una semana abandonaron sus puestos de trabajo.
Entre los más de 5.000 afectados que forman la plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como su representante ante la administración, se encuentran particulares, en un 97 por ciento, pero también hay asociaciones hoteleras y líneas aéreas, en el 3 por ciento restante, aunque no quisieron adelantar ningún nombre.
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