El presunto etarra Arturo Cubillas y el presunto colaborador de ETA José Ángel Urtiaga, procesados por un juez español que investiga la supuesta alianza entre la banda terrorista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no comparecieron este martes ante el magistrado para declarar como imputados.
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco citó a Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), y a Urtiaga, que vive en La Habana, el pasado 27 de octubre a instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para tomarles declaración y que puedan ejercer su derecho activo de defensa.
Según informaron fuentes jurídicas, ambos imputados no comparecieron ante el magistrado, que no ha adoptado ningún tipo de medida, ya que sobre ellos pesan sendas órdenes de busca y captura desde que el juez les procesó a finales de febrero por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada -a Cubillas- y por colaboración con organización terrorista a Urtiaga.
Asimismo, el juez ha solicitado al Gobierno español que inicie los trámites para extraditar a Cubillas y Urtiaga, que reclamaron al juez su personación en la causa, aunque éste la rechazó.
El magistrado investiga en la causa los supuestos vínculos entre ETA y las FARC y el supuesto entrenamiento de terroristas en Venezuela, así como la "cooperación" del Gobierno de Hugo Chávez en la alianza de los dos grupos terroristas.
Además de Cubillas y Urtiaga, el juez procesó a otros cuatro terroristas y a siete miembros de las FARC, y señaló al primero como responsable de ETA en Venezuela desde 1999 y encargado de que las guerrillas colombianas adiestraran en el manejo de explosivos a etarras a cambio de que el grupo terrorista localizara en España objetivos para ellas.
Por su parte, a Urtiaga lo sitúa como responsable de ETA en Cuba desde 1984 hasta 1998, donde informó a la banda terrorista de que dos miembros del colectivo etarra en la isla pedían permiso a la organización para "experimentar en Venezuela" con artefactos explosivos, unas pruebas que se realizarían "con la participación de las FARC en la selva colombiana-venezolana".
En el auto en el que Velasco pide que se extradite a Cubillas sostenía que el etarra deportado obtuvo la nacionalidad venezolana "con el propósito de impedir las reclamaciones extradicionales españolas".
Varios juzgados "tienen todavía en vigor" causas relativas a las acciones que se le imputan desde que se integró en el "comando Oker" de ETA en 1984 junto a Idoia López Riaño, alias "Tigresa", José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain.
Una de esas causas era la del asesinato en 1985 de Ángel Manuel Facal, que la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional archivó el pasado 26 de noviembre al considerar que ha transcurrido el plazo de prescripción de veinte años.
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