Los antiguos altos funcionarios del Gobierno de Uribe (2002-2010) fueron demandados a mediados de 2007 por dirigentes de tres sindicatos de trabajadores de empresas de servicios públicos de la ciudad de Cali (suroeste).
Los sindicalistas se consideraron calumniados e injuriados en afirmaciones vertidas por ambos sobre la presencia de varios de sus líderes en un seminario internacional sobre la revolución en Latinoamérica celebrado en Quito (Ecuador) en julio de 2007.
La cita terminó con la supuesta adopción de un documento de apoyo a la lucha guerrillera en Colombia.
Santos, en declaraciones públicas, y Gaviria, en una columna periodística, sugirieron que los dirigentes sindicales tenían nexos con las guerrillas colombianas y que estaban haciendo "apología del terrorismo", lo que fue rechazado por ellos y sus organizaciones obreras.
Según los medios locales, la Fiscalía declinó agregar otros delitos a la acusación contra ambos ex funcionarios, tal como solicitaba la defensa de los sindicalistas.
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