El estado norteamericano sigue los pasos a Arizona, Utah, Georgia y Alabama que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.
Esta legislación envía "el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ilegales. (Los indocumentados) Se pueden ir a otra parte", afirmó Haley en el Capitolio estatal, durante la promulgación de la medida, que entrará en vigor en enero de 2012.
Al promulgar la ley antiinmigrante, Carolina del Sur sigue los pasos a Arizona, Utah, Georgia y Alabama que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.
La medida permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.
También dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes y un costo de 1,3 millones de dólares con poderes para examinar el estatus migratorio de una persona.
Asimismo, la ley convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.
También obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los trabajadores utilizando el sistema federal E-Verify y los que no utilicen el programa corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive de ser cerradas temporalmente.
Acompañada de los senadores estatales, los republicanos Lawrence Grooms y Larry Martin, ambos promotores de la SB20, Haley enfatizó que los indocumentados cuestan más dinero al estado en servicios sociales, médicos, educación que los que se pueden gastar en la implementación de la ley.
"Los "ilegales" son una amenaza para nuestra libertad y deben ser erradicados", agregó, por su parte, el senador Grooms.
"Ello cometen delitos como robar documentos, manejar sin licencia, no pagar impuestos y traen a nuestras comunidades prostitución, drogas y pandillas. Si los federales no cumplen con su trabajo debemos hacerlo para resguardar la seguridad de los ciudadanos de Carolina del Sur", sostuvo.
Por su parte Carlos Flores Vizcarra, cónsul general de México en las Carolinas, dijo a Efe que comenzarán a "desarrollar una serie de reuniones con la comunidad de mexicanos para informar sobre esta ley y con grupos de abogados para buscar vías legales para proteger los derechos civiles de los connacionales".
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) también anunció hoy que planea interponer una acción legal para parar detener la implementación de la SB20 antes que entre en vigor el 1 de enero de 2012.
Algunos hispanos, acompañados de anglos y afroamericanos, que asistieron a la firma de la polémica ley, catalogaron la acción de Haley de "vergonzosa".
"Nos vamos a quedar sin los trabajadores porque se van a ir a otros estados. Es una vergüenza que la gobernadora no tenga idea de las contribuciones de los inmigrantes", afirmó a Efe Julie Leone, residente del estado.
Cifras recientes del censo de 2010 indican que los hispanos representan un 5,1 % de la población del estado, es decir, 235.893 personas; y, según el Centro Pew, la cifra de indocumentados llegó a 55.000 en 2010. EFE
