AVN .- La Defensoría del Pueblo propuso incorporar dentro de los propósitos del Sistema Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, un nuevo numeral que establezca desarrollar programas y acciones para la inclusión e integración de las personas con discapacidad.
Esta propuesta fue presentada por la Dirección General de Servicios Jurídicos ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), con la finalidad de incluir el tema de las personas con alguna discapacidad en el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física.
La discusión definitiva de la Ley está contemplada para realizarse en la Asamblea Nacional en el transcurso de esta semana.
Asimismo, el proyecto de Ley, en su artículo 21, establece seis subsistemas como: Educativo, Comunal, Indígena, Laboral, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Penitenciario.
Sobre este aspecto la defensoría propone integrar un subsistema más como el de personas con discapacidad con lo cual se garantizará “los planes, proyectos y programas para incorporar a las personas con discapacidad a la práctica de deportes, actividades físicas y la educación física”.
Insistió también en que al artículo 24, se le agregue: “Asegurar la construcción, desarrollo y adecuación de la infraestructura dirigida al deporte, la actividad física y educación física para las personas con discapacidad”.
La Defensoría recomienda incorporar una Comisión Nacional para que asesore al órgano rector en materia de personas con discapacidad y asegure la adopción de políticas públicas y el desarrollo de programas para la integración de ese sector poblacional a la práctica deportiva en un acto de “equidad e igualdad”.
Por otra parte, recomienda incorporar un artículo contra la discriminación.
“Se prohíbe en el deporte, la actividad física y educación física las discriminaciones por motivo de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales”, de acuerdo al texto sugerido por la Defensoría.
