(EFE).- El exmagistrado venezolano Luiz Vicencino Velásquez Alvaray, el cual recibió refugio en Costa Rica después de que se dictara una orden internacional de captura por corrupción, fue detenido y expulsado de Colombia la semana pasada, informaron hoy las autoridades.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana) informó de que Velásquez viajó de regreso al país centroamericano el pasado domingo, tres días después de que fuera detenido en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
“En ejercicio de las facultades como autoridad migratoria del Departamento (DAS), el ciudadano extranjero fue expulsado del territorio nacional, mediante acto administrativo”, explicó la agencia en un comunicado difundido en la capital colombiana.
Velásquez fue detenido el 25 de agosto último en el aeropuerto internacional de Barranquilla, adonde había viajado procedente de Costa Rica, “por presentar circular roja vigente de Interpol, a solicitud de las autoridades venezolanas”, explicó el DAS.
La misma fuente indicó que el venezolano quedó entonces a órdenes de la Fiscalía General, que el día 27 ordenó que fuera puesto en libertad.
En la resolución del caso, la entidad judicial justificó la liberación en el hecho de que hasta esa fecha no había “recibido requerimiento de captura con fines de extradición por parte de las autoridades venezolanas”.
Según precisó el DAS, Velásquez se identifica con documentos de refugiado en Costa Rica que le fueron expedidos el 22 de noviembre de 2010 y que tienen vigencia hasta el 22 de septiembre de 2012.
La fiscalía dejó entonces el caso en manos de la central de inteligencia, que como autoridad migratoria lo expulsó del país.
El exmagistrado dijo haber viajado a Colombia “con el fin de participar en un evento académico en la capital del (departamento del) Atlántico”, según indicó el DAS.
Velásquez salió de Venezuela en junio de 2006 tras haber sido destituido como titular de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) por denuncias de corrupción en la compra de unos predios para una dependencia judicial en el estado Miranda.
