EFE).- La Audiencia Nacional española ha condicionado la extradición a Venezuela de un ciudadano de aquel país acusado de homicidio a que las autoridades venezolanas garanticen que aplicarán la reciprocidad y accedan a la entrega de los reclamados por España, como el etarra Arturo Cubillas.
En un auto de la sala de lo penal de este alto tribunal, sus 18 magistrados dan un plazo de sesenta días a las autoridades de venezolanas para que garanticen la reciprocidad “por escrito”, o si no para que presenten una denuncia oficial contra su ciudadano Alejandro Iglesias para ser juzgado en España.
De esta manera, estiman parcialmente el recurso que presentó Iglesias contra otra decisión de este tribunal, que en noviembre pasado declaró procedente la entrega que un juez venezolano había reclamado dos años antes por homicidio agravado, aunque el tribunal señalaba que eventualmente podía cumplir la pena en España si así lo solicitaba.
El pleno de la Audiencia Nacional explica que, si bien la norma constitucional de Venezuela “prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos y venezolanas”, en este caso “la cuestión no es tan clara”, ya que Iglesias, nacido en el país sudamericano, tiene doble nacionalidad desde 1998.
Aunque en el auto no se le menciona por su nombre, entre los reclamados por España se encuentra el etarra deportado Arturo Cubillas, que trabaja desde 2007 como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (Inti), dependiente del Gobierno de Hugo Chávez.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le reclamó por primera vez en octubre de 2010 por su presunta conexión con ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
Posteriormente, el magistrado amplió su petición en marzo al imputarle un delito de pertenencia a banda armada por formar e instruir en el manejo de armas y explosivos a miembros de ETA en campamentos instalados en la selva colombiana junto a los ex dirigentes etarras Francisco Javier López Peña “Thierry” y Mikel Carrera Sarobe “Ata”.
La reclamación llegó en abril del pasado año al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aunque la fiscal general de aquel país, Luisa Ortega Díaz, había manifestado poco antes la “voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder” a la entrega ante la imposibilidad de extraditar a nacionales.
