La Audiencia Nacional de España condicionó la extradición a Venezuela de un ciudadano acusado de homicidio para que las autoridades venezolanas garanticen que aplicarán la reciprocidad y accederán a la entrega de los reclamados por el gobierno que ahora preside Mariano Rajoy, como es el caso del etarra Arturo Cubillas.
Los 18 magistrados del pleno de la sala de lo penal de ese tribunal han dado en un auto un plazo de 60 días a las autoridades venezolanas para que garanticen la reciprocidad "por escrito" o si no para que presenten una denuncia oficial contra Alejandro Iglesias para ser juzgado en España.
Estiman de esta forma parcialmente el recurso de Iglesias contra la decisión de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que en noviembre pasado declaró procedente la entrega que un juez venezolano reclamó dos años antes por un delito de homicidio agravado, si bien el tribunal señalaba que eventualmente podía cumplir la pena en España si así lo solicitaba.
Según explica ahora en su resolución el pleno de la Audiencia Nacional, el precepto constitucional del país sudamericano que "prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos y venezolanas" podría impedir la entrega de Iglesias aplicando el principio de reciprocidad pero, en este caso, "la cuestión no es tan clara".
Y ello porque el acusado, nacido en Venezuela, goza de esa nacionalidad, pero optó por acceder también a la española en febrero de 1998, lo cual no le hizo perder la primera.
De esta forma, el hecho de tener los dos pasaportes, la ausencia de un tratado de doble nacionalidad entre ambos países y la gravedad de los hechos, lleva al pleno a no "dar por sentada la falta de reciprocidad" por parte de Venezuela "en casos similares".
Por ello resuelve acceder a la extradición de Iglesias "si en el plazo de 60 días (...) el Estado requirente da garantías por escrito de que en los supuestos de doble nacionalidad de hecho como el descrito -nacido en España con pasaporte venezolano o español nacionalizado con pasaporte venezolano- aplicará la reciprocidad y accederá a la entrega a España de los reclamados".
Entre ellos, aunque no lo menciona, el del etarra deportado Arturo Cubillas, que trabaja desde 2007 como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del Gobierno de Hugo Chávez y a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reclamó por primera vez en octubre de 2010 por su presunta conexión con ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
Posteriormente, el magistrado amplió su petición a finales de marzo al imputarle un delito de pertenencia a banda armada por formar e instruir en el manejo de armas y explosivos a miembros de ETA en campamentos instalados en la selva colombiana junto a los ex dirigentes etarras Francisco Javier López Peña 'Thierry' y Mikel Carrera Sarobe 'Ata'.
La reclamación llegó en abril del pasado año al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aunque la fiscal general de aquel país, Luisa Ortega Díaz, había manifestado poco antes la "voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a la entrega ante la imposibilidad de extraditar a nacionales.
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